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El PP presentará en enero un plan de «calidad institucional» para superar la política «de bloques» y «recuperar el respeto a las instituciones, por las leyes, la Constitución»
El PP seguirá plantando batalla por perdida la batalla de la renovación del Tribunal Constitucional y deja abierta la puerta a denunciar en Bruselas los nombramientos «escandalosamente partidistas» del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez para «defender la independencia de las instituciones». «En caso de que se confirmen estos nombramientos nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones y nuestra postura de regeneración, que es imprescindible con este Gobierno», afirmó Alberto Núñez Feijóo, este jueves durante su balance de fin de año.
El líder de los populares cree que el Ejecutivo debe retirar sendas propuestas para el tribunal de garantías porque van «en contra de la independencia» y la «despolitización de la justicia». «Al Gobierno le interesa una justicia controlada. Nosotros queremos mejorar el sistema, homologarlo al de otros países europeos y despolitizar la Justicia», aseveró. En cambio, sí aplaudió la reciente elección de César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos ambos por unanimidad por el CGPJ el pasado martes y con perfiles «solventes e independientes».
Feijóo acusó a Pedro Sánchez de «quebrar» la confianza de muchos españoles en las instituciones, en parte, dijo, por la «ocupación« del CIS, de Indra de la CNMV, RTVE por personas relacionadas con el ‘sanchismo’. En ese contexto, anunció un «plan de calidad institucional» contra la «política de bloques enfrentados», que se presentará en enero, y que pretende guiar la «futura acción de gobierno» del PP e incorporará medidas para «evitar casos de nepotismo» en las instituciones del Estado con el fin de que «gobiernen los mejores servidores y no lo más adeptos más fieles» al líder.
Medidas anticrisis
El líder del PP aprovechó su balance para poner sobre las mesas las medidas que su formación reclama para apoyar el paquete aprobado por el Gobierno en su tramitación parlamentaria. Entre ellas, que el «mini cheque electoral» de 200 euros a las rentas medias y bajas cambie su aplicación y, en vez de ser necesario solicitarlo, que se devuelva de manera automática a través de la declaración del RPF, «para que sea efectivo y no tener que hacer burocracia».
También habló de ampliar el descuento de 20 céntimos en combustible –puesto que en el último paquete se ha eliminado su carácter general y ha quedado reducido a determinados sectores como el transporte, la agricultura o la pesca– y extenderlo a todos los trabajadores autónomos y a las rentas medias y bajas, así como ampliar la bajada del IVA a otros alimentos básicos como la carne, el pescado y las conservas.