La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado juzgar ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) al magistrado instructor del denominado caso Cursach, Manuel Penalva Oliver.
Así consta en un escrito enviado al TSJIB. El Ministerio Público solicita para este juez, a quien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) jubiló por «incapacidad permanente», 110 años de prisión por varios delitos.
Concretamente, tres años de prisión por el delito continuado de revelación de secretos por las filtraciones del caso, así como un lustro y medio entre rejas por cada uno de los quince delitos de detención ilegal que había cometido contra policías.
Asimismo, Anticorrupción solicita otros 16 años y medio por varios delitos de obstrucción a la Justicia y otros ocho años de prisión por prevaricación judicial en concurso con detención ilegal. Es decir, en total, más de un siglo de prisión.
Penalva Oliver, destinado entonces en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, fue apartado de la instrucción del caso Cursach el 6 de marzo de 2018, tras un incidente de recusación promovido por las defensas. Después, debió declarar como investigado por las supuestas irregularidades en la instrucción de esta causa.
La Fiscalía también pide que se siente en el banquillo el fiscal del caso, Miguel Ángel Subirán Espinosa. Y solicita para él 113 años y nueve meses de prisión.
Según relata el escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, cuando Oliver era instructor del caso Cursach y Subirán, el fiscal del caso, habrían filtrado datos secretos a los medios de comunicación cuando las actuaciones todavía eran secretas. Lo fueron hasta 2017.
«Sin que ninguno de los acusados, cuando no era el que facilitaba la información,
impidiera o evitara tal divulgación, ni investigarán quien filtraba tal información», sostiene la fiscalía especializada.
«Pese a estar al corriente de lo acaecido por participar [en un chat grupal de WhatsApp en el que figuraban tanto el juez como el fiscal], ninguno de los acusados llevó a cabo conducta alguna para impedir la revelación de las actuaciones sumariales y tras la divulgación del contenido de estas no hicieron nada por perseguir el delito de revelación de secretos», añade el escrito.
Las supuestas filtraciones a la prensa no sólo versaron sobre el caso Cursach, que toma su nombre del famoso empresario del ocio Bartolomé Cursach, que se sentó recientemente en el banquillo. Sin embargo, el nuevo fiscal del caso retiró la acusación en su contra y el juicio ha finalizado con la absolución de todos los acusados.
Según el escrito de Anticorrupción, el fiscal Subirán también habría filtrado información sobre el denominado caso ORA, que versaba sobre el supuesto amaño de un concurso celebrado en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca para la adjudicación de la concesión del servicio de aparcamientos.
«Los acusados mantuvieron su pasividad, pese a ser conocedores de las continuas filtraciones (…) que afectaban a personas investigadas en una causa en la que estaban interviniendo», indica Anticorrupción, que también pide sentar en el banquillo a varios agentes de policía que elaboraron informes sobre estas causas judiciales y que motivaron varias detenciones.
La Fiscalía señala que el magistrado Penalva, al interrogar a una de las personas que habían sido arrestadas, «le leyó a modo de ejemplo declaraciones de otros imputados,
diciéndole que declararon ciertas cosas que les supuso pasar de imputados a testigos y le manifestó que si decía dos cosas como las mostradas pasaría a ser testigo». El interrogado no aceptó, «porque sería faltar a la verdad».
«Pese a ello, se le siguió insistiendo y al término de la declaración el magistrado Manuel Penalva le pidió que lo reconsiderase, que estaba a tiempo de pasar a testigo y
que se jugaba una pena de hasta diez años de prisión», añade el escrito de Anticorrupción.
«Por su parte, el policía Miguel Ángel Blanco Villanueva, que estuvo presente en la declaración, le dijo [al interrogado] que era un gran empresario y que iba a tirar todo por la borda por este asunto», añade el documento. La Fiscalía acusa al subinspector Blanco de un delito continuado de revelación de secretos, de doce de detención ilegal, de obstrucción a la Justicia y de prevaricación.
Otro sujeto declaró como testigo del caso ORA ante la Jefatura de Policía. En dicho interrogatorio estuvo presente el fiscal Subirán, quien formuló las preguntas. «[Subirán] le dijo [al testigo] en reiteradas ocasiones que escondía algo y esa noche dormiría en los calabozos como imputado», señala Anticorrupción.
«Como consecuencia de ello, [el testigo] sufrió problemas de salud mental y angustia que le impedían conciliar el sueño, teniendo que tomar medicación para poder dormir y antidepresivos durante más de un año y, además, durante cinco meses estuvo de baja laboral», subraya.
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