Los propietarios critican la «injerencia» del Gobierno en el lmite al alquiler y ultiman una reclamacin conjunta

Los caseros no slo critican que se establezcan medidas de intervencin, sino que no existan contraprestaciones o compensaciones, de la misma forma que hacen pases como Portugal

• Medidas El Gobierno congela seis meses el precio de los alquileres en los contratos que se renueven

A falta de Ley de Vivienda, el Gobierno ha optado por intervenir de manera directa los precios del alquiler como novedad en su tercer plan anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la inflacin y la guerra en Ucrania. La vivienda se ha convertido en uno de los puntales del plan presentado ayer por el presidente, Pedro Snchez, y los propietarios critican que el esfuerzo real recaiga sobre ellos y no sobre las Administraciones Pblicas responsables, de ah que muchos se estn sumando a la iniciativa para presentar una reclamacin patrimonial conjunta contra el Estado.

Por un lado, el Ejecutivo congelar las rentas y las condiciones de aquellos contratos que venzan en los prximos seis meses y quieran una renovacin; por otro lado, el Gobierno ha prorrogado un ao ms la limitacin del 2% en la actualizacin anual de las rentas y, adems, se extiende durante seis meses la suspensin de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables.

Organizaciones como Asipa (Asociacin de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler) creen que estas medidas constituyen «una injerencia en el normal funcionamiento del mercado» y otras como Asval, la Asociacin de Propietarios de Vivienda en Alquiler, considera que se trata de «un nuevo ataque al Derecho a la Propiedad Privada de ms de dos millones de propietarios en Espaa». Su queja no es slo que se establezcan medidas de intervencin, sino que no existan contraprestaciones o compensaciones a los propietarios, de la misma forma que estn haciendo otros pases como Portugal.

La propia asociacin, presidida por el ex ministro socialista Joan Clos, se encuentra en estos das canalizando una respuesta conjunta de los casi 6.000 socios que la integran para reclamar contra los efectos de dichas medidas. La organizacin anima a sus miembros a presentar una reclamacin patrimonial contra el Estado para reclamar las prdidas que consideran que les reporta la limitacin del 2% y ahora tambin la congelacin de las revisiones y se ha ofrecido a canalizar todas aquellas reclamaciones que los caseros decidan enviarles.

Para ello, Asval ha fijado de plazo hasta el 31 de enero (aunque no descarta ampliarlo) y ha enviado una gua prctica a sus socios para informarles sobre cmo deben preparar la reclamacin, qu documentacin necesitan, cmo redactarla y qu reclamar. «Debe tenerse en cuenta que la cuanta se corresponde con el dao que efectivamente se ha producido (no el que sabemos que se va a producir pero an no hemos sufrido)», recoge el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Recientemente han realizado una encuesta en la que ms de 1.000 propietarios manifestaron su disposicin a reclamar, si bien desde Asval aseguran a este diario que esperan que esa cifra sea mayor. En la asociacin calculan una prdida media de 1.000 euros anuales por cada contrato de alquiler en vigor.

«Inseguridad jurdica»

Mientras tanto, en el sector hay unanimidad a la hora de valorar el impacto que las medidas del nuevo plan de Moncloa tendrn en el mercado y advierten de que, lejos de aliviar la tensin de algunas zonas, irn a ms. «Las medidas anunciadas en materia de alquiler son excelentes noticias para los inquilinos actuales y no pueden ser peores para los que busquen casa a partir de enero», apunta Francisco Iareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. «El Gobierno se equivoca otra vez regulando el alquiler. En estos momentos el origen del calentamiento del mercado se debe a la falta de oferta, que sigue menguando, y genera no slo tensiones sobre los precios sino una enorme ansiedad en las familias que estn buscando arrendar una vivienda y tienen que enfrentarse a verdaderos castings. Las medidas anunciadas, lejos de arreglar la situacin, la empeoran gravemente: no slo desincentivan la aparicin de nuevas viviendas en el mercado, sino que empuja a muchos ms propietarios a sacarlas del mismo y a ponerlas en venta», aade.

Las distintas crticas coinciden tambin en sealar la «inseguridad jurdica» que se genera y la falta de soluciones estructurales a los problemas de acceso a la vivienda que hay en Espaa. «Una vez ms, se trata de una injerencia en el normal funcionamiento del mercado. Son medidas temporales que no solucionan los problemas reales ni de fondo», sealan desde Asipa, quien enumera otras alternativas como «aumentar la oferta de vivienda en alquiler, que es el verdadero problema de raz, y garantizar la seguridad jurdica, imprescindible para generar confianza e incentivar inversiones a largo plazo».

Para Jos Ramn Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), las prdidas ahora sern «mucho mayores, porque los arrendadores no podrn actualizar sus rentas a precios de mercado, perdiendo todava ms poder adquisitivo». Adems, Zurdo considera que «gracias a estas medidas, hay cada vez menos oferta, a precios ms elevados y cada vez se les piden ms requisitos a los inquilinos para poder acceder a una vivienda».

En el lado opuesto se sita el Sindicato de Inquilinos, uno de los grupos de presin ms cercanos a Unidas Podemos, que celebra las medidas adoptadas ayer por el Consejo de Ministros aunque cree que se quedan cortas. «Durante meses, los Sindicatos de Inquilinos hemos presionado para que el Gobierno tomara medidas en el mbito de la vivienda contra la inflacin. Hoy, por fin llegan, pero son insuficientes»

Sobre la limitacin del 2% en la actualizacin, asegura que es una medida «positiva pero debe incluir elementos sancionadores para ser efectiva, ya que la mayor parte de los caseros se intenta saltar el tope»; sobre la prrroga de los contratos durante seis meses al mismo precio, asegura que «posterga el problema» medio ao y «no protege de subidas de precios en los contratos que firmen nuevos inquilinos y los pisos que entren en el mercado del alquiler».