Los empleados públicos se movilizan en masa contra el Gobierno por la falta de plantilla y los salarios

• Los funcionarios perderán su puesto si suspenden de manera «continuada» las nuevas pruebas de desempeño del Gobierno

Los empleados del sector público han iniciado el mes de enero con movilizaciones encadenadas desde distintas áreas de la Administración. Aunque las circunstancias son dispares, las quejas son comunes: la pandemia dejó al aire las debilidades de un sector público que no cuenta con personal suficiente para acometer un volumen creciente de trabajo y sus empleados, además de saturados, se sienten mal remunerados.

CSIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios y el personal laboral, detectó en el año 2020 que la Administración tenía un déficit de unos 106.000 trabajadores que en su opinión debían cubrirse en un plazo de tres años -acabando en este 2023- a los que sumaban alrededor de 280.000 trabajadores que necesitaría incorporar la Sanidad de forma específica en un plazo de diez años para homologarse a los estándares europeos de profesionales por número de pacientes.

«Los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras administraciones públicas, que se han visto tensionadas y al borde del colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Administración de Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes», denuncia CSIF.

Desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022, el número de empleados públicos dados de alta al a Seguridad Social ha crecido en 126.799 personas, según los datos de afiliación que son coincidentes con los de la EPA. La Administración Pública, Defensa y Seguridad Social ha ganado 63.805 empleados; la Educación, 33.729 docentes; y la Sanidad, 7.381 profesionales, pero esas incorporaciones netas (la ganancia de trabajadores de cada sector descontando a los que se han perdido por jubilaciones) no resultan suficientes ni para los empleados ni para sus representantes sindicales.

Inspección de Trabajo

La Inspección de Trabajo ha sido el último colectivo en sumarse a las protestas con una concentración este lunes en todas las ciudades españolas, previa a la huelga convocada para este miércoles, para protestar porque el Gobierno ha incumplido el acuerdo firmado en julio de 2021 en el que se comprometió a solucionar las graves carencias de personal y la falta de carrera profesional en el organismo que lleva a muchos inspectores a abandonar su trabajo -mediante un plan para retribuir el rendimiento y actividad del personal dotado con 6 millones de euros-.

En la actualidad hay unos 2.200 trabajadores de inspección activa y otros 800 de personal de apoyo; es decir, la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas mientras que hay 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas. Pese a que se han cubierto 200 plazas nuevas con personal interino, antes de que se lanzaran oposiciones para cubrir las vacantes, esto «no ha evitado que la situación de la Inspección siga empeorando día a día, con una plantilla que continúa totalmente sobrepasada. El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene que dejar de lanzar mensajes triunfalistas y acometer soluciones estructurales o la Inspección de Trabajo colapsará«, advierten los sindicatos, que lamentan además que en 2022 un 20% del presupuesto de la Inspección no ha sido ejecutado.

Seguridad Social

La Seguridad Social también está en pie de guerra por la falta de efectivos, que se traduce en un retraso en la gestión de las prestaciones y en ciudadanos no atendidos en todas las comunidades, colas interminables y demoras en la concesión de prestaciones -como las bajas por nacimiento o el Ingreso Mínimo Vital-. Según cálculos de CSIF, este organismo tiene un déficit de 7.000 puestos de trabajo. En la recta final del año pasado, ya se produjeron concentraciones en Madrid, Valencia y Barcelona, y este viernes se retomarán de nuevo en Sevilla.

«Está previsto que en el plazo de cinco años se jubile el 28,5% de la plantilla, y en 10 años un 36,08% adicional, es decir, casi dos tercios de la plantilla actual, por lo que el organismo colapsará. El Ministerio pretende suplir las necesidades con la próxima contratación de 1.615 interinos, un personal de quita y pon que no soluciona los problemas estructurales del organismo. Mientras tanto, la resolución de un macro concurso con 12.000 participantes para casi 8.000 plazas ahora está comprometida y sin fecha de resolución por publicar», lamentan desde CSIF. «Nos estamos movilizando por la desastrosa gestión de los recursos humanos de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y el imparable deterioro del servicio público que ofrecemos», apuntalan desde UGT y CCOO.

Se quejan de que sus condiciones de trabajo «han empeorado sustancialmente» y de que los puestos no están clasificados en sus niveles reales de responsabilidad, las dotaciones son insuficientes, los puestos se cubren mayoritariamente por comisiones de servicio, no hay carrera profesional y los compromisos adquiridos en los acuerdos solo se cumplen en la parte que le conviene a la Administración.

SEPE

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) es otro de los organismos que más ha sufrido en los últimos tres años por la carencia de medios humanos y también técnicos, unas deficiencias que se pusieron especialmente de relieve con la gestión del aluvión de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la pandemia. En la última década, el SEPE ha perdido unos 3.600 trabajadores y, aunque en la pandemia se incorporaron 1.500 interinos, todos fueron cesados después, con lo que la plantilla no da abasto.

Gestionan más de 47 subsidios y en algunas de las provincias se dan demoras de hasta 2 o 3 meses en la cita y el reconocimiento de una prestación. Aunque en la última Oferta Público de Empleo extraordinaria se contrataron 926 interinos, CSIF calcula que necesitaría al menos otros 4.000 más. Los planes del Gobierno pasan por transformar el SEPE en una nueva Agencia Española del Empleo, uno de los compromisos del Plan de Recuperación, pero esto «no resolverá los problemas de este organismo si no va unida a un incremento de la plantilla e innovación tecnológica», advierten desde CSIF.

Agencia Tributaria

La falta de personal en la Agencia Tributaria (AEAT) asciende a 5.000 efectivos, lo que dificulta su lucha contra el fraude fiscal, avisa CSIF. El Gobierno «tiene bloqueada la negociación de diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la actualización de retribuciones, la carrera profesional, la movilidad o la evaluación del desempeño, pese a que se firmó un acuerdo en 2007 que lo contemplaba. Además, restringe la posibilidad de acogerse al trabajo a distancia», lamenta.

Este sindicato ha presentado una reclamación en vía administrativa contra el Ministerio de Hacienda y de Función Pública, por inactividad, para que publique de una vez el Real Decreto que desarrolla el teletrabajo en la Administración General del Estado. «En el caso concreto de la Agencia Tributaria, no se ha negociado en el marco de las medidas sobre ahorro energético, se imponen los días y en muchos departamentos solo se permite desempeñar un día en esta modalidad de trabajo», señalan.

Sanidad

Además de los organismos de la AGE mencionados, el Sistema Nacional de Salud (SNS) también se ha levantado contra los dirigentes políticos por el colapso de la Atención Primaria, la saturación de las urgencias, el aumento de las listas de espera y la falta de profesionales, algo que sufren los ciudadanos de todas las comunidades de forma directa. Ya se han anunciado huelgas y paros en Andalucía, Madrid, Cataluña, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

«Hay una demora para recibir cita de entre 15 días y un mes, ante las carencias por la falta de inversión y el déficit de profesionales. Según datos de la Seguridad Social, el SNS prescindió de 50.000 empleos entre septiembre y noviembre, por lo que es urgente un plan de recursos humanos», exigen. Piden, además, una mejora de las condiciones laborales (tanto en horarios como en sueldos) para evitar la salida de profesionales del sector a otros países. Calculan que para que España estuviera en la media europea, necesitaría 130.000 enfermeras -colectivo que se autodenomina en femenino-, 44.000 auxiliares de enfermería, 9.500 médicos de Atención Primaria, 1.250 matronas y 1.100 pediatras, a los que habría que sumar 176.000 profesionales (psicólogos clínicos, fisioterapeutas o trabajadores sociales).

Justicia

A estos colectivos, se suma el malestar en la Justicia. El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) han anunciado un paro indefinido a partir de este martes, que se traduce en la práctica en la primera huelga de los secretarios judiciales.

«En los casi cuarenta y cinco años de democracia, el Estado de Derecho de nuestro país nunca había conocido una huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia», han proclamado. Este colectivo se queja de que desde el año 2009 tienen asignadas más de 300 funciones nuevas mientras que su adecuación salarial no se ha producido. Denuncian que llegaron a un acuerdo con la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero que no ha sido cumplido.

«La adecuación de la ley se ha quedado en 195 euros y no en una ‘subida sin parangón’. Pero no se puede ocultar lo que vemos en nuestras nóminas, por mucho que incluso en ellas cometan un sinfín de errores. Sus incumplimientos, sus mentiras y, sobre todo, el desprecio sin precedentes a un cuerpo de rango superior (A1) en la Administración de Justicia, y bajo cuya responsabilidad se dinamiza el funcionamiento de cualquier juzgado o tribunal, sitúan a la Justicia española al borde del precipicio. La huelga indefinida convocada tendrá irremediablemente efectos devastadores«, amenazan.

La respuesta del Gobierno

Ante el creciente malestar, el Gobierno reacciona remitiéndose a la nueva Ley de Función Pública que está en negociación con los sindicatos y que de momento no convence. Ambas partes ya se han reunido, y el próximo jueves lo volverán a hacer, pero se antoja complicado que lleguen a un acuerdo satisfactorio porque los representantes sindicales están muy molestos. «Porque recorta derechos, carece de dotación presupuestaria y no concreta el desarrollo normativo», explican desde CSIF y porque contiene medidas concretas que no gustan en absoluto. Probablemente, la más remarcable: la evaluación de desempeño que puede, incluso, hacer que un funcionario sea degradado de un puesto y perder parte de su sueldo por mal rendimiento, inadaptación o falta de capacidad.

Fuentes sindicales estiman que esta medida no se comenzará a aplicar hasta 2025 ya que su entrada en vigor no se produciría hasta 6 meses después de la publicación en el BOE, a lo que hay que añadir el año de plazo que se da para el desarrollo más el trámite parlamentario. En todo caso, los representantes sindicales seguirán empujando para eliminar o modificar esta medida, aunque en Función Pública el compromiso por desarrollarla es también claro.

Otro punto conflictivo son las promociones internas, en lo que los sindicatos sí están de acuerdo pero no así asociaciones como los Inspectores de Hacienda. En su opinión, se reduce los requisitos para acceder al nivel A1, que es donde se encuentran los puestos más elevados de la Administración. Los Inspectores denuncian que además de empobrecer el servicio público, esta medida permitirá al Gobierno dar acceso a estos puestos a personas cercanas. «Politizar la Función Pública», afirman.