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Trata de resistirse a las presiones del PSOE para reformar la ley ley para acabar con los efectos perniciosos que est teniendo con la rebaja de penas en ms de 270 casos,
Irene Montero trata de resistirse a las presiones del PSOE para corregir la ley del slo s es s y propone como alternativa a su socio aplicar un declogo de «medidas urgentes» destinadas, principalmente, a dar formacin a los jueces para que as puedan aplicar de manera «correcta» la norma y dejen de reducir condenas a agresores sexuales.
Pese al anlisis del socio mayoritario del Gobierno, de que urge reformar dicha ley para acabar con los efectos perniciosos que est teniendo con la rebaja de penas en ms de 270 casos, por el momento, la tesis del Ministerio de Igualdad es explicar la situacin como un mero problema de interpretacin de la norma, pues concluye que las revisiones a la baja de las condenas «son consecuencia de la incorrecta aplicacin del derecho transitorio y de la propia ley» por parte de los jueces.
De hecho, fuentes oficiales del Ministerio de Igualdad sealan que «como afirman todos los expertos, y ha constatado el propio Gobierno de coalicin, no existe ninguna reforma penal de la ley que pueda frenar las revisiones». Pues stas, se incide, se estn produciendo por una «incorrecta aplicacin» de la ley del slo s es s.
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Por ese motivo, el departamento que encabeza la ministra Irene Montero dice que una de las «soluciones posibles» es «poner en marcha de manera urgente un plan de medidas para la especializacin judicial, la formacin en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la proteccin de las mujeres». ste ira en la lnea en la que «trabaja» el Ministerio «desde la entrada en vigor» de la ley del slo s es s de «facilitar su correcta aplicacin» por parte de los jueces y ante su «preocupacin» por las decisiones judiciales que se estn tomando con la bajada de penas.
Este plan, que en realidad es un declogo de medidas, pone el foco en que a los jueces les falta formacin en violencia contra las mujeres para tomar sus decisiones. Por eso, uno de los puntos principales de ese declogo es la «formacin especializada» a todo el personal de la Administracin de Justicia e Interior, as como en Educacin y Sanidad.
Ms juzgados exclusivos
Adems, Igualdad propone como cambio que a partir de ahora se instruyan los delitos contra la libertad sexual en los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer mediante una ampliacin de sus competencias para abarcar no slo los casos de violencia de gnero, como pasa ahora, sino tambin las violaciones. En este sentido, se pide «doblar» los juzgados que existen de este tipo para poder cubrir en ellos este tipo de delitos.
En la misma lnea se plantea respecto a los fiscales que deben tratar con esos casos y acusar. Se propone que las violencias sexuales pasen a ser competencia de la «Fiscala de violencia sobre la mujer». De modo que los casos estaran siempre en manos de especialistas en esta materia. Se pide ese cambio y «reforzar» ese departamento.
Como se ve, el Ministerio de Igualdad fija su propuesta en jueces y fiscales y se opone a que el PSOE haga cambios sustanciales en el contenido de la ley. «Es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidacin y que exiga a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas», dicen fuentes del Ministerio.
Respecto al resto del declogo, las otras siete medidas planteadas estn destinadas a la proteccin y la asistencia de las vctimas. Se pide «asistencia jurdica gratuita», ms dispositivos de proteccin, ms ayudas, un servicio de atencin psicolgica y psiquitrica, que las unidades policas de violencia de gnero amplen sus competencias para incluir a las vctimas de delitos sexuales, reforzar las unidades de valoracin forense y implementar los «puntos violeta» (de informacin) en todas las dependencias e instalaciones pblicas.
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