El último banquillo de Francisco Camps

• Política Francisco Camps renuncia a su único cargo público y regresa a la abogacía

Francisco Camps se vio obligado a dejar la política en activo en julio de 2011 y a afrontar una cascada judicial de acusaciones en presuntos casos de corrupción ocurridos durante sus años en la presidencia de la Generalitat Valenciana. El primero de ellos, el llamado caso de los trajesle sentó en el banquillo a principios de 2012. Once años después, hoy, 23 de enero de 2023, el ex presidente volverá a ser juzgado, esta vez por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Será la última vez que el popular comparezca ante un tribunal.

Camps se enfrenta a la petición de la Fiscalía de dos años y medio de prisión, e inhabilitación para cualquier empleo o cargo público durante diez años, por presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración en la adjudicación a Orange Market, la filial de Gürtel en Valencia dirigida por Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, del stand de la Comunidad Valenciana para la edición de Fitur del año 2009.

Junto a él estarán tres de sus ex consellers, Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, -todos apartados de la política, se enfrentan a penas de inhabilitación de siete a nueve años- y más de una decena de técnicos y cargos de la Generalitat. Muchos de ellos, como los cabecillas de la trama, han alcanzado acuerdos con la Fiscalía para reconocer los delitos que se les imputan.

Anticorrupción considera que Camps ordenó, a través de la Dirección General de Promoción Institucional, que la construcción del stand se encargara a las empresas de la Gürtel «sin tramitar procedimiento de contratación y sin respetar los principios de transparencia, publicidad y concurrencia». La tesis de la Fiscalía es que esta última adjudicación se hizo para compensar la deuda de 800.000 euros que el PPCV tenía con Orange Market desde las elecciones de 2007.

Camps volverá a un juzgado a esquivar la última petición de condena, porque del resto de juicios y procedimientos ha sido exonerado.

El primero que le sentó en el banquillo le costó la presidencia de la Generalitat Valenciana y su vida política. En 2008 fue acusado de haber cometido un delito de «cohecho impropio» al aceptar unos trajes presuntamente regalados por la trama Gürtel. Pese a que se presentó ya investigado a las autonómicas en mayo de 2011 y obtuvo mayoría absoluta, en julio, a puertas del juicio, presentó su dimisión. Meses después, un jurado popular lo absolvió al no quedar probado ni quién pagó las prendas ni que existiera una relación directa entre los supuestos regalos y la adjudicación de contratos a las empresas de Correa por parte de la Generalitat.

Después se vio involucrado en un rosario de procesos en los que no se encontraron indicios de delito pese a ser señalado tanto por la Fiscalía como por los propios acusados, en lo que él siempre ha considerado una «obsesión diaria y milimétrica, persiguiéndome por tierra, mar y aire».

Tras la causa de los trajes, llegó la petición de Anticorrupción de que fuera imputado por malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias en el caso Noós por su intervención en las negociaciones con el instituto de Iñaki Urdangarin para organizar el evento Valencia Summit y los Juegos Europeos. El juez José Castro remitió la petición al TSJ valenciano, que lo devolvió a Palma al no hallar indicios de delito en Camps ni tampoco en Rita Barberá. De hecho, el Alto Tribunal calificó sus reuniones con el entonces duque de Palma de «protocolarias o de cortesía».

El pacto con el Ministerio Fiscal de quien fuera su mano derecha en el PP, el ex secretario general Ricardo Costa, y Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, le llevó de nuevo al juzgado por la financiación irregular del PP valenciano entre 2007 y 2011. Compareció como testigo, pero fue señalado como máximo responsable por los principales acusados. En la sentencia de 2018, que condena a Costa y a otros tres cargos del partido, el magistrado recoge que es «jurídicamente imposible emitir pronunciamiento alguno» ni puede hacerse «ni un mero juicio de valor» acerca de la conducta de Camps, además de que al tratarse de hechos de 2007 y no haber sido acusado en ningún momento, el presunto delito habría prescrito.

También se vinculó el nombre del ex presidente valenciano al proceso que se siguió en 2014 contra el arquitecto Santiago Calatrava por supuestas irregularidades en relación con el proyecto de construcción del Centro de Convenciones de Castellón. El propio Calatrava fue quien señaló a Camps como el hombre que le pidió un «edificio icónico» para la ciudad con un coste de 180 millones de euros. La causa fue archivada «al no existir pruebas de supuestos delitos, sólo indicios».

Dos de los grandes eventos que jalonaron sus gobiernos se convirtieron en otro quebradero de cabeza judicial: la Fórmula 1 y la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.

En el caso del automovilismo, el ex presidente se vio implicado en dos causas. La primera, ya archivada, se abrió por las presuntas irregularidades en los contratos para la construcción del circuito urbano. En este caso, ex presidente contó con el apoyo de la Fiscalía, que no consideraba acreditadas la malversación ni la prevaricación que se le imputaban después de que la Intervención de la Generalitat consideraba que no hubo perjuicio económico para la Generalitat Valenciana.

La segunda también acabó en un cajón y estaba relacionada con la decisión del Gobierno valenciano de sustituir a Bancaja como avalista de Valmor, la empresa creada ex profeso para la organización de los grandes premios. Esa decisión fue tomada por el Consell presidido por Camps un día antes de presentar su dimisión y, en el transcurso de la causa, la Intervención de la Generalitat aclaró que esa maniobra no se puede considerar legalmente como un aval, al no garantizar una operación de crédito, por lo que no queda fuera de la legalidad administrativa.

En archivo han acabado también las dos causas relacionadas con la visita del Papa a Valencia. Pese a no estar imputado en el proceso desgajado del caso Gürtel que se siguió en la Audiencia Nacional, Camps compareció como testigo y la Fiscalía Anticorrupción pidió que se dedujera «falso testimonio» de su relato, petición que tampoco salió adelante.

Sobreseída acabó también aquella que le salpicaba por los contratos efectuados para preparar la visita de Benedicto XVI. La Audiencia de Valencia no vio «elemento alguno que permitiera sostener» las acusaciones contra el ex presidente basadas que en los acuerdos adoptados por el Gobierno valenciano en los años 2005, 2009, 2010 y 2014. «Tras cinco años de pesquisas, no se ha demostrado que a través de los contratos se hubiera favorecido a determinados contratistas», aseguraba el auto.