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Consideran que el Gobierno «no tiene límite ninguno» y que es capaz de «tensionar» a las instituciones del Estado «hasta el extremo»
La última reforma legal planteada por los miembros del Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos- en el Congreso de los Diputados para forzar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nombrar ya a los magistrados del Tribunal Constitucional ha generado un profundo malestar en el órgano de gobierno de los jueces.
Consideran que el Gobierno «no tiene límite ninguno» y que es capaz de «tensionar» a las instituciones del Estado «hasta el extremo» con tal de dar ya el vuelco ideológico en el Constitucional y, además, lograr imponer a su candidato para la corte de garantías, al magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
Con este escenario, calificado de «absoluto escándalo» por los vocales consultados por EL MUNDO, los consejeros del sector conservador del CGPJ se han movilizado y estudian solicitar al presidente interino, el vocal Rafael Mozo, que convoque un Pleno extraordinario para nombrar a los magistrados del TC antes de que entre en vigor la nueva reforma legal impulsada por los partidos del Gobierno.
Los vocales nombrados a propuesta del PP tienen previsto reunirse a las 13 horas de este viernes de urgencia para valorar la situación en la que queda el órgano de gobierno de los jueces con la nueva modificación legal.
Las fuentes jurídicas consultadas consideran muy posible que los vocales del grupo conservador del Consejo acuerden solicitar la convocatoria de un Pleno extraordinario, si bien el reglamento interno del órgano establece que cinco vocales pueden pedir al presidente la celebración de la citada reunión y éste debe convocar el Pleno en los tres días siguientes a la solicitud.
Por otro lado, la enmienda registrada por el PSOE y Unidas Podemos este viernes en el Cámara Baja detalla el mecanismo mediante el cual los vocales deben elegir a sus dos magistrados del TC. Por ejemplo, cambia el requisito de la mayoría cualificada -tres quintos de los vocales, es decir, en la actualidad 11 votos- por la mayoría siempre y establece que cada vocal podrá proponer un máximo de un candidato o candidata. «Cerrado el plazo de presentación de candidaturas, la persona que ejerza la presidencia, en el plazo de tres días hábiles, tendrá la obligación de convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos Magistrados o Magistradas del Tribunal Constitucional. Dicho Pleno se celebrará en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria. Constituido el Pleno, las candidaturas presentadas se someterán a votación de los vocales presentes, sin necesidad de un quorum mínimo y en una votación única», recoge la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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