En el artículo de hoy, compartimos el artículo sobre El PSOE ofrece a los independentistas rebajar el artculo que permiti quitar sus escaos a sus lderes procesados por el 1-O. Puede encontrar detalles sobre El PSOE ofrece a los independentistas rebajar el artculo que permiti quitar sus escaos a sus lderes procesados por el 1-O en nuestro artículo.
El PDeCAT ha pedido derogarlo y los socialistas quieren que slo haya suspensin de cargo pblico con un delito grave con violencia o intimidacin
El Gobierno est abierto a acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para rebajar el alcance del artculo que permiti al Parlament y al Congreso despojar de sus actas de diputados a varios lderes del procs mientras estaban procesados por el referndum ilegal del 1-O, pero sin haber sido an condenados.
Tras la supresin del delito de sedicin y de haber pactado con ERC una rebaja de penas para el delito de malversacin, ahora los socialistas han ofrecido al PDeCAT retocar a la baja el artculo 384 bis de la Ley de Enjuciamiento Criminal.
Segn este precepto, «firme un auto de procesamiento y decretada la prisin provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando funcin o cargo pblico quedar automticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situacin de prisin».
Esta previsin se utiliz en 2018 para despojar de sus actas de diputados en el Parlament Ral Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turull y, un ao despus, la Mesa del Congreso lo us para suspender de su condicin de diputados a los tres ltimos y tambin a Jordi Snchez. Y tambin ha servido para suspender del cargo pblico a otros polticos independentistas.
Peticin del PDeCAT
El PDeCAT ha planteado la derogacin de este artculo mediante enmiendas a dos leyes. Lo hizo el pasado mes de noviembre al enmendar la Ley Orgnica de Eficiencia Organizativa del Servicio Pblico de la Justicia y lo volvi a hacer la semana pasada durante la tramitacin de la reforma del Cdigo Penal que, entre otras cosas, acab con el delito de sedicin.
El PSOE no entr en este punto durante el debate de las enmiendas de la reforma penal, pero s ha hecho una oferta al PDeCAT en el marco de la tramitacin de la ley de eficiencia procesal, que an se discute en la Comisin de Justicia del Congreso.
En concreto, el PSOE ha planteado una enmienda transaccional para limitar el alcance del artculo 384 bis de la LeCrim, de manera que la suspensin del cargo pblico se produzca en los casos en los que el delito por el que se les procese sea «grave o muy grave» y medie «violencia o intimidacin».
Textualmente, la enmienda que ofrece el PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, prev que, «sin perjuicio de lo que se establezca en las regulaciones de los distintos empleos y profesiones pblicas», cuando sea «firme el auto de procesamiento, slo se podr acordar la suspensin de cargo u oficio pblico, concretando su alcance», cuando concurran ciertos requisitos.
«Con violencia o intimidacin»
Esos requisitos son «que el delito por el que se procesa sea grave o muy grave, lleve aparejada una pena de inhabilitacin o suspensin de igual naturaleza y se haya cometido con violencia o intimidacin«, que «la medida cautelar resulte necesaria para prevenir el riesgo de comisin de hechos delictivos concretos relacionados con el que es objeto del proceso» y que «sea solicitada por el Ministerio Fiscal o por acusacin personada».
La enmienda redactada por el PSOE aade que, una vez solicitada la adopcin de esta medida cautelar, se convocar a una audiencia que deber celebrarse dentro de los cinco das siguientes a la peticin de la medida, y a la que debern acudir el procesado, asistido de letrado, el Ministerio Fiscal y las dems partes personadas.
En esta audiencia, contina el texto propuesto, «se podrn realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto» para que el juez o tribunal decida sobre «la procedencia o no de la suspensin cautelar de cargo u oficio pblico atendiendo a las obligaciones inherentes al cargo pblico ejercitado».
Segn han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PDeCAT an no ha dado el visto bueno a la propuesta del PSOE. En todo caso, la previsin es que la tramitacin de la ley orgnica de eficiencia organizativa del servicio pblico de la Justicia no se retome en el Congreso hasta despus de las Navidades.
Recurso ante la ONU
El PDeCAT es partidario de la supresin de ese artculo de la LeCrim. Segn argumenta, ante la demanda presentada por los cuatro polticos que fueron suspendidos en el Parlament, el Comit de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostiene que la aplicacin del artculo 384 bis de la Lecrim «constituye una violacin del artculo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos.
En su resolucin del pasado mes de agosto, este comit mencionaba en concreto que ese pacto internacional «se reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la direccin de los asuntos pblicos, el derecho a votar y a ser elegido, y el derecho a tener acceso a la funcin pblica» y que, con independencia de la forma de constitucin o gobierno que adopte un Estado, «el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse».
Para el diputado del PDeCAT Gens Boadella , el artculo 384 bis de la Lecrim es «absolutamente extemporneo puesto que su aprobacin fue fruto de un contexto en el que la actividad terrorista era notoria y constante». Un escenario que, remarca, «afortunadamente ha quedado en el pasado».
Por consiguiente, la formacin reclama su derogacin «en aras de evitar que se vuelvan a lesionar los derechos de los electores y los representantes electos y as evitar violaciones del artculo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos».
Conforme a los criterios de
Saber más