Fin del conflicto en Castilla y León. El Gobierno da por acatado el requerimiento de incompetencia por el protocolo antiaborto de Vox tras el recibir este jueves por la tarde la respuesta de la Junta de Castilla y León en la que confirmaba la «inexistencia» de medidas provida. Advierte, además, de que seguirá «vigilante» si intentan volver a vulnerar los derechos de las mujeres y que acudirá a la Juticia si insisten en este protocolo.
El Gobierno considera que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco «ha acatado formalmente el requerimiento realizado» y que esto «supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada» sobre el aborto en esta comunidad autónoma.
Moncloa aplaude que tras el requerimiento del Gobierno al protocolo provida de Vox la Junta de Castilla y León «ha dejado sin efecto» las medidas anunciadas la semana pasada por el vicepresidente Juan García-Gallardo que invadían e inclumplían las competencias estatales y «menoscababan los derechos de las mujeres».
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Seguirá vigilante
En un comunicado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez advierte que seguirá vigilante y reitera su preocupación tras las declaraciones del portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno de ayer. En ellas, aseguró que la intención de la Consejería de Sanidad es «una mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario» para las mujeres embarazadas, lo que genera temor en PSOE y Podemos de que el PP sigue buscando una fórmula que dé respuesta a las exigencias de sus socios de Vox.
También avisa de que el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender «cuantas acciones legales resulten oportunas» si se retoma este protocolo, que incluye la escucha del latido fetal. Exigen además «máxima transparencia» a la Junta de Castilla y León sobre esta cuestión en futuro y aplaude que con su acción en contra de este protocolo «triunfa la defensa» de los derechos de las mujeres a ejercer su libertad sexual y reproductiva.
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«No toleraremos otro intento que suponga un retroceso y que limite los derechos y libertades de las mujeres y que incumpla la ley orgánica de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo», añade el Gobierno.
La Junta de Castilla y León anunció el jueves de la semana pasada que implantará medidas provida y de fomento de la natalidad en la comunidad como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Sin embargo, Mañueco ha negado este extremo mientras Vox insiste en que el acuerdo existe, aunque sigue sin publicarse.
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