1673154610 Caso Astapa Arranca el juicio con 50 acusados y 284

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La investigacin, que ha llevado al banquillo al ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos (PSOE), comenz en 2006 tras una denuncia por corrupcin de dos concejales de su partido

El ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, cuando fue detenido en 2008.REUTERS
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Han pasado ms de 15 aos desde que comenz la investigacin del bautizado como caso Astapa y el juicio que determinar la responsabilidad de cada uno de los presuntamente implicados en esta macrotrama de corrupcin poltica y urbanstica puesta al descubierto en el municipio malagueo de Estepona comenzar, por fin, el prximo 9 de enero. En l se sentar en el banquillo de los acusados, entre otros, al ex alcalde socialista de este turstico municipio de la Costa del Sol, Antonio Barrientos, tras una investigacin que comenz a raz de una denuncia por corrupcin realizada por dos concejales de su partido.

Est previsto que el proceso, que se celebrar en la sala nmero 4 de la Ciudad de la Justicia de Mlaga, arranque con el planteamiento de las cuestiones previas que se presentarn entre el 9 y el 12 de enero y luego, tambin, el 16 y el 17 de este mismo mes. Tras un parn de algo ms de un mes, a partir del da 7 de marzo se reanudarn las vistas con el inicio de la fase de pruebas.

Durante las sesiones sealadas se analizarn los contratos y las concesiones administrativas realizadas por el Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y mediados de 2007, los distintos tipos de convenios firmados, las actuaciones en materia de disciplina urbanstica realizadas y los depsitos bancarios hallados en Suiza y Andorra; as mismo, se revisarn en detalle tanto los supuestos pagos y las contraprestaciones recibidas por la concesin de licencias, como los presuntos cobros de comisiones vinculadas al abono de deudas municipales, la financiacin irregular de partidos polticos, los incrementos patrimoniales y las actuaciones irregulares de cargos pblicos y tcnicos municipales.

El PSOE y el PES

Adems del entonces regidor de esta ciudad del litoral malagueo, estn procesados otros cinco ex miembros del equipo del gobierno de coalicin de la poca, pertenecientes al Partido Socialista (PSOE) y al Partido de Estepona (PES), a los que la Fiscala Anticorrupcin acusa de la creacin de una caja B. El nmero total de acusados en el caso Astapa asciende a 50 entre cargos pblicos, tcnicos y funcionarios municipales, aunque otras 27 personas y entidades empresariales estn citadas por la Fiscala en la causa como «responsables subsidiarias o responsables a ttulo lucrativo».

De este modo, la Audiencia Provincial de Mlaga enjuiciara, junto a Barrientos, a medio centenar de investigados en un macroprocedimiento que por su magnitud muchos han calificado como el hermano menor del caso Malaya, una de las tramas de corrupcin urbanstica ms importante de la historia de la democracia espaola que tuvo como escenario a su vecina Marbella.

Fraude millonario

La Fiscala Anticorrupcin estima en 28 millones de euros el perjuicio causado a las arcas municipales en este periodo y atribuye a los procesados sendos delitos de falsedad, fraude, malversacin, cohecho, prevaricacin y trfico de influencias. As, las penas solicitadas para los 50 acusados suman ms de doscientos aos de crcel y en el caso del ex alcalde socialista -que siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado haber actuado «dentro de la legalidad»- el Ministerio Fiscal pide para l diez aos y nueve meses de prisin, inhabilitacin para empleo pblico por un periodo de 38 aos y la correspondiente multa.

Por su parte, la defensa de Barrientos ha llegado, incluso, a sealar al comisario jubilado Jos Manuel Villarejo por su presunta participacin en la elaboracin y manipulacin de informes policiales en la investigacin del caso Astapa; y ha pedido que se investigue la supuesta «influencia» de Villarejo en la planificacin y el desarrollo de la operacin.

Macrocausa

Con 351.114 folios y 774 tomos (128 tomos principales y 646 piezas documentales), en el juicio de Astapa intervendrn 284 testigos y 48 peritos. Ante el inminente comienzo del proceso y «el volumen y la complejidad» de la causa, la Seccin Tercera de la Audiencia Provincial peda «refuerzos» de funcionarios, tcnicos informticos y dems personal auxiliar, adems de la designacin de dos magistrados.

El objetivo es procurar una «adecuada tramitacin de la causa» y evitar «toda dilatacin en su efectivo enjuiciamiento desde su entrada en este tribunal», adems de no generar «un grave menoscabo en el funcionamiento», detallaban al respecto desde la Audiencia.

Si bien la investigacin se inici en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron ante la Unidad de Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Polica en Madrid un escrito acompaado de abundante documentacin en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podan estar cometiendo delitos relacionados con la corrupcin, la trama del caso Astapa hunde sus races en 2003 y se extendera hasta la primera mitad de 2007.

El origen de la trama

Segn explica la Fiscala Anticorrupcin en su escrito provisional, cuando en 2003 el ex alcalde Barrientos y los dems miembros de la corporacin municipal encausados tomaron posesin de sus cargos «tuvieron que hacer frente a la desastrosa situacin econmica» en la que se encontraba la localidad pero «en vez de programar polticas de austeridad, optaron por mantener e incluso aumentar un gasto pblico inasumible con los recursos presupuestarios».

De este modo, abunda el Ministerio Fiscal, «para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo, optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creacin de una caja B, procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol». Esa caja B «bsicamente se nutrira de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios» a los que a cambio de ello se habra beneficiado presuntamente a travs acuerdos urbansticos irregulares.

Las supuestas contribuciones mencionadas por Anticorrupcin «se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y tambin en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales«. Al final, «se normaliz una prctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanstica a una previa negociacin y acuerdo con la cpula de uno u otro partido», aade en referencia al PSOE y al PES.

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