Siempre que se acerca una convocatoria electoral en España, se agita el debate sobre los impuestos. El motivo es que los partidos de la derecha, fundamentalmente el PP, se sienten muy cómodos con este debate, mientras que los partidos de izquierda, en particular el PSOE, se muestran tremendamente incómodos. En este artículo empiezo analizando los motivos de esta asimetría en la predisposición al debate, para continuar analizando las primeras andanadas fiscales que señalan la proximidad de la campaña electoral.
La izquierda española y los impuestos
Los partidos de izquierda en España, y en particular el PSOE, son de los pocos partidos socialistas o socialdemócratas de Europa que no tienen reparo en anunciar subidas de impuestos en caso de ganar las elecciones, aunque luego no las lleven a cabo. Incluso nos tratan de convencer de que hay una parte considerable de la población española que «está dispuesta a que le suban los impuestos» con tal de mejorar los servicios públicos, aunque la realidad demoscópica es que la gente cree que paga muchos impuestos.
Lejos quedan los años del «bajar los impuestos es de izquierdas» del período de Zapatero, una frase de la que se avergüenzan muchos militantes del PSOE, aunque tuvo un indudable éxito entre muchos de los simpatizantes y en sus votantes. El Partido Socialista lleva toda la discusión de los impuestos a la esfera de la «justicia social» o de la equidad vertical, que pague más quien más gane, como si los impuestos sólo cumplieran esa función de redistribución y se olvida de la equidad horizontal (tratar por igual a dos ciudadanos que hayan ganado lo mismo, sin castigar al que se esfuerza en ahorrar), de la eficiencia (tener un sistema fiscal que favorezca el crecimiento económico a largo plazo) y la suficiencia (que sea capaz de recaudar para poder financiar tanto el Estado del Bienestar como el Estado emprendedor y dinamizador de la economía).
La derecha española y los impuestos
En el otro lado del espectro político, la derecha española está muy cómoda con su discurso de bajar los impuestos, aunque muchas veces se trate de una promesa que no cumplen. Y esa «comodidad» lo lleva a extremos que son impensables en cualquier país occidental. Todo problema encuentra como la solución básica una bajada de impuestos.
Da igual que sea una crisis de oferta o de demanda, que haya inflación o no, que se trate de una catástrofe natural, de una pandemia, de la erupción de un volcán o de la derrota de la selección española de fútbol, la respuesta es siempre la misma: bajar los impuestos. Este furor fiscal les llevó, por ejemplo, a exigir una «bajada del IVA la Palma» tras la erupción del volcán, sin caer en la cuenta de que ese impuesto no existe en las Islas Canarias.
La propaganda
En este ambiente preelectoral, el toque de corneta para el debate de impuestos lo ha dado un estudio sobre la «competitividad fiscal» de la ideologizada Tax Foundation, del que se ha hecho eco inmediatamente el Instituto de Estudios Económicos (IEE), y que ha tenido amplio eco en los medios de comunicación y en newsletters de algunas instituciones financieras. De este informe se derivaron dos grandes titulares mediáticos: el primero, que «la presión fiscal en España ya supera la media europea», al contrario de lo que dice el discurso económico de la izquierda, que señala que tenemos recorrido al alza. Y el segundo, que «la subida de impuestos del Gobierno Sánchez se ha traducido en una notable pérdida de competitividad fiscal de España».
Repetidos hasta la saciedad ambos mensajes, no es de extrañar que mucha gente los considere ciertos y los interiorice de cara a los debates de las próximas elecciones. Máxime cuando, para sorpresa de algunos economistas, entre los que me encuentro, no ha salido ningún miembro del gobierno ni del partido a desmentir ambas afirmaciones, cuya falsedad trataré de demostrar en este artículo.
La presión fiscal en España
Empecemos por la primera. Según el IEE, la presión fiscal en España, es decir, el cociente entre todos los ingresos tributarios y el PIB nominal, «se ha situado en máximos históricos en 2022, superando el 42% del PIB y, por lo tanto, por encima del promedio de la UE (41,7% con datos de 2021 que son los últimos disponibles)».
Que la presión fiscal en España supere la media europea es una cuestión relevante. Para buena parte de la izquierda (por supuesto, sin incluir a los de «bajar los impuestos es de izquierdas»), que la presión fiscal este por debajo de la de la UE justificaría una potencial subida de impuestos en España para equipararnos con el entorno europeo.
Sin embargo, la frase del IEE es doblemente falsa. Para empezar, no se dispone de los datos de 2022. Del PIB sólo se conoce hasta el tercer trimestre del año. Y algunas estimaciones, como la más reciente del FMI, hablan de un crecimiento del PIB real del 5,2%, lo que obligaría a ajustar (a la baja) el dato de presión fiscal, al elevarse el denominador. Tampoco está cerrado el dato del numerador (el total de ingresos tributarios). El segundo motivo por el que la frase no es cierta está implícito en ella misma: «no se dispone de los datos de presión fiscal en la UE para 2022 y el último dato oficial es 2021». Entonces, ¿cómo se puede afirmar que en 2022 «se ha superado el promedio europeo» si no existen todavía cifras de ese promedio europeo?
Aunque no se dispone de datos oficiales, sí que se dispone de estimaciones oficiales, algo que ignora el informe del IEE. En la Tabla 1 presento las previsiones de otoño de 2022, las últimas publicadas por la Comisión Europea, sobre la presión fiscal en todos los países y los promedios, tanto del conjunto de la UE (27 miembros) como de la zona euro (19 países). Utilizando esta fuente, que es la única oficial (Eurostat), se estima que para 2022 la presión fiscal en España siga por debajo del promedio tanto del total de la UE (una diferencia de 2,3 puntos del PIB) como de la zona euro (una diferencia de 3 puntos).
Es cierto que el gap se habrá reducido con respecto a 2021, si se cumplen estas previsiones, porque la presión fiscal en España habría aumentado este año 0,4 puntos, mientras que en el conjunto de la Unión se habría reducido en otras 4 décimas y en la zona euro una décima. Este aumento de la presión fiscal se tendrá que explicar a posteriori, teniendo en cuenta el crecimiento del PIB nominal y la elasticidad de los ingresos a ese crecimiento del PIB, sobre todo en un año de elevada inflación. Así, otros países europeos también habrían elevado su presión fiscal, como es el caso de Francia (+0,4), o el de Italia, que más que duplica la subida de España (+0,9 puntos). Estos ejemplos son particularmente ilustrativos porque el informe del IEE señala literalmente que «en Francia e Italia, las medidas fiscales anticrisis han estado marcadas por el rechazo a subir impuestos y la voluntad de crear un clima tributario favorecedor de una recuperación rápida de la economía». Lógicamente los autores no dan ninguna cifra, porque la frase es pura invención y no se corresponde con la información publicada por el organismo oficial encargado de armonizar la información fiscal de todos los países miembros.
Tabla 1. Presión fiscal en la UE
La «competitividad fiscal» en España
La segunda de las afirmaciones, repetida machaconamente en los medios de comunicación, se refiere a la pérdida de competitividad fiscal en España, como consecuencia de la política impositiva seguida por el Gobierno de Sánchez. De forma literal, el informe del IEE, basado en la Tax Foundation señala que «España se sitúa en la posición 34 de los 38 países analizados de acuerdo con el índice de competitividad fiscal (dos puestos por debajo de 2021), y una de las peores decisiones que puede tomar un Gobierno, en un momento como el actual, es la de subir los impuestos. Las alzas impositivas deprimen la oferta productiva y el consumo, justo lo contrario de lo que necesitamos, y deterioran las expectativas de los agentes provocando una degradación de la confianza, que es el pilar fundamental sobre el que apoyar la recuperación». Según el informe, «hay una relación directa entre las fortísimas subidas de impuestos que se han venido aplicando y el mediocre desempeño de la economía durante los últimos ejercicios: estas subidas de impuestos tienden a prolongar las crisis y ralentizan la vuelta al crecimiento y la senda de reducción de la deuda pública».
Como en el caso de la presión fiscal, la afirmación del informe es doblemente falsa. En primer lugar, no es verdad que nuestra competitividad fiscal se encuentre entre las peores de la UE. Y, en segundo lugar, no es verdad que, al menos hasta 2022, el Gobierno Sánchez haya elevado los impuestos. Más bien lo contrario, los ha reducido.
Para demostrar la primera parte, vuelvo a remitirme a documentos oficiales, que son los de la Comisión Europea, en particular el exhaustivo informe «Taxation Trends in the European Union», cuya última versión tiene por fecha junio de 2022, con datos cerrados hasta 2020. No pretendo hacer una comparación detallada entre las 21 páginas y 7 tablas del informe de la Tax Foundation y las 338 páginas y 83 tablas del Taxation Trends”, sólo mencionar lo más relevante. En la tabla a continuación presento el resumen ejecutivo de la Tax Foundation.
Clasificación por puntuación del Índice de Competitividad Fiscal en 2022
Aunque esta tabla incluye todos los países de la OCDE (38 países) y no sólo los europeos (el Taxation Trends se refiere a los países de la UE, 27 países), hay algunos resultados llamativos en el resumen de la Tax Foundation. El primero, en efecto, es que España aparece en la parte baja de la tabla, cerca de los «infiernos fiscales» señalados en rojo, Francia e Italia, dos países que, paradójicamente, son elogiados, como vimos anteriormente, en el informe del IEE.
Lo segundo es que Irlanda está peor que España en su “competitividad fiscal”, algo que llama la atención por la atracción que ejerce Irlanda sobre el capital internacional, dadas sus ventajas fiscales. También está peor que España nuestro vecino, Portugal. Y ello sorprende, porque según el relato propagandístico, Portugal es la «tierra prometida» en la que se refugian los capitales que huyen de España aterrorizados por el látigo fiscal social-comunista. Finalmente, que Colombia, México y Turquía presenten una «competitividad fiscal» superior a la de España, Irlanda, Italia o Francia no dejará de sorprender a aquellos empresarios o particulares que se hayan aventurado a invertir en esos países.
Por el contrario, el Taxation Trends es mucho más riguroso y, por tanto, es la mejor fuente para poder hacer un ejercicio de fiscalidad comparada. En él se muestra, algo que ya sabíamos y que contradice al IEE: que España es el país de la UE que menos grava el consumo. De hecho, en tipos implícitos sobre el consumo ocupamos el puesto 25 de 27. En imposición sobre el trabajo estamos algo por encima de la media (12 de 27), por el peso de las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios, partida en la que ocupamos el 5º puesto del total de 27.
Por el contrario, en impuesto sobre sociedades ocupamos el puesto 21, muy por debajo de la media, y en impuestos ambientales, el puesto 24. Todo bastante lejano al “infierno fiscal” que describe la Tax Foundation. Nuestro punto débil es la imposición sobre el patrimonio y, en general, los impuestos sobre la propiedad, en el que nos situamos en el 4º puesto del ranking. Pero esto no es reciente. El PP nunca eliminó el impuesto sobre el Patrimonio y el Gobierno Sánchez lo elevará a partir de 2023, por lo que no puede explicar el aumento de la presión fiscal de 2022. También tenemos un sistema fiscal muy complejo, lleno de bonificaciones que lo hacen, además, injusto. Y con un grado de evasión fiscal considerable. Pero, una vez más, esto no es responsabilidad del gobierno actual, sino un problema estructural de nuestra economía.
Y ahora vayamos a la segunda parte de la afirmación, la que señala que el Gobierno Sánchez es responsable, hasta 2022, de un descomunal aumento de impuestos. En la Tabla 2 presento los cambios en los impuestos desde la llegada del Gobierno Sánchez en 2019 hasta el 30 de noviembre de 2022 (antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023). Por tanto, es el período al que se refiere el informe del IEE. Todos los datos están anualizados. No incluyo los nuevos impuestos creados para 2023: banca, energéticas y «solidaridad» (nuevo impuesto de Patrimonio) porque, evidentemente, no tenemos ningún dato y no es el período objeto de discusión.
Lo que llama la atención es que, desde enero de 2019 (el primer gobierno de Pedro Sánchez asume sus funciones el 1 de junio de 2018, pero no toma ninguna medida fiscal hasta 2019) el actual gobierno no sólo no ha subido los impuestos, sino que los ha bajado. Y lo ha hecho por un importe de más 4.100 millones de euros. Esta realidad estadística contrasta con el discurso propagandístico al que me refería al principio del artículo. Si vemos los cambios impositivos con algo de detalle, la principal bajada de impuestos de Sánchez es la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, por importe de 3.853 millones de euros. Por cierto, que este no era un impuesto que viniera de lejos. Lo creó el Gobierno de Rajoy. Es decir, los mismos que prometen una y otra vez que ellos bajan los impuestos. Las siguientes partidas en importancia numérica son la práctica eliminación del Impuesto Especial sobre la Electricidad (-2.041 millones) y la rebaja del IVA de la electricidad (-1.860 millones), ambos en 2021.
Otras rebajas de impuestos se refieren al IVA de los productos sanitarios esenciales para combatir la Covid19, el IVA de las mascarillas, la mayor deducción por donativos, por producciones cinematográficas y por pérdidas por deterioro. Finalmente, la eliminación de gases fluorados. La suma de todos estos recortes de impuestos asciende a 307 millones de euros. En lo que se refiere a aumentos de impuestos, destaca el aumento de la tarifa autonómica del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, por importe de 1.216 millones de euros.
Pero, aunque entró en vigor en 2019, esta subida de impuestos la decidió el gobierno de Rajoy en los PGE de 2018. Por tanto, no se trata de una subida de impuestos del gobierno de Sánchez sino del gobierno del PP. Por consiguiente, descontando esta subida, el Gobierno Sánchez en realidad ha recortado los impuestos por importe de 5.344 millones de euros. Entre las subidas de impuestos que sí fueron llevadas a cabo por el actual gobierno destaca la subida del impuesto sobre primas de seguro (+522 millones), la del tipo en la base general del IRPF (+470), la modificación de algunas exenciones del impuesto de sociedades (+412), las bebidas azucaradas (+389), la reducción de las aportaciones a planes de pensiones (+352), el impuesto sobre transacciones financieras (+332), la llamada tasa Google (+239) y el aumento del tipo a las sociedades de inversión inmobiliaria, SOCIMI (+11). En total, 2.717 millones de «genuino» aumento de impuestos de los socialistas, pero una cuantía muy inferior a la del suprimido impuesto sobre la producción eléctrica creado por Rajoy.
Como conclusión, el debate sobre los impuestos en España no sólo está fuertemente ideologizado, lo cual es lógico, sino que está lleno de propaganda, algo que no es admisible. Se puede y se debe tener un debate sobre nuestro ineficiente e injusto sistema fiscal, un problema estructural que viene de lejos. Pero no se deben falsear los datos. No es cierto que nuestra presión fiscal esté por encima de la media europea, ni que nuestra «competitividad fiscal» haya empeorado desde 2019 hasta 2022. Y tampoco es cierto que el Gobierno Sánchez haya subido los impuestos. Los ha bajado. En parte, eliminando impuestos creados por el Gobierno de Rajoy.
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