Al menos dos manifestantes más fallecieron este viernes en enfrentamientos con la Policía en el departamento peruano de Junín (centro), con lo que el número total de víctimas mortales en las protestas que piden el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, que se desarrollan desde el domingo, asciende a 22.
La Dirección Regional de Salud de Junín confirmó la noche del viernes que en total tres civiles han fallecido, «producto de los enfrentamientos ocurridos en (el distrito de) Pichanaki durante el día», hechos que también han dejado 52 heridos, de los cuales 43 son manifestantes y nueve son efectivos policiales.
Estas tres víctimas se suman a las seis de Apurímac, las tres de La Libertad, los ocho de Ayacucho, la de Arequipa, y la de Cuzco. Hasta el momento, no se han proporcionado las identidades de todas las víctimas, pero al menos tres de ellas eran menores de edad.
[Perú declara el estado de emergencia en todo el país durante 30 días «debido al vandalismo y la violencia»]
Este viernes por la mañana, el Ministerio de Salud anunció que 63 personas se mantienen hospitalizadas tras las protestas producidas en diversos puntos del país.
De estos, 26 se encuentran en Ayacucho, en el sur del país, donde este jueves protestantes intentaron tomar el aeropuerto, lo que provocó que militares abrieran fuego contra ellos, según puede verse en numerosos vídeos difundidos en redes sociales.
Seguidores de Pedro Castillo protestan en las calles de Cuzco.
Reuters
La Dirección Regional de Salud de Ayacucho señaló que «los 410 establecimientos de salud y hospitales de apoyo de la región se encuentran en alerta roja, con el fin de garantizar la presencia del personal, la disposición de insumos médicos y la atención oportuna de los pacientes».
Que Boluarte renuncie
Las protestas que empezaron a intensificarse este domingo reclaman el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria de una asamblea constituyente entre otros reclamos.
El Gobierno de Boluarte decretó este miércoles el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones y este jueves se decretó el toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos.
«Lamento los trágicos acontecimientos que han segado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar», enfatizó Boluarte este viernes en una ceremonia de graduación de oficiales de la Escuela Militar de Chorrillos.
La presidenta convocó a los líderes de la iglesias católica, cristiana y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado, para así abrir espacios para llamar a los representantes que encabezan las marchas para escuchar sus demandas y canalizarlas.
18 meses de prisión
En cuanto a Pedro Castillo, el expresidente cumplirá 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, instalado en el mismo cuartel policial donde cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000), informó hoy el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El organismo señaló, en un comunicado, que la decisión de que Castillo se mantenga en el mismo lugar en el que cumplió arresto preliminar desde el pasado 7 de diciembre, en el distrito limeño de Ate, se ha tomado «por medidas de seguridad, en salvaguarda de su integridad física personal, por su condición de expresidente de la República».
Detalló que la Junta Técnica de Clasificación del INPE, conformada por un psicólogo, un abogado y una asistente social, determinó, en primer lugar, que el exgobernante sea clasificado «en el régimen ordinario» de prisión.
«El Instituto Nacional Penitenciario garantiza la seguridad e integridad física de las personas privadas de la libertad en los establecimiento penitenciarios a nivel nacional», concluyó.