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Valencia evaluará por primera vez a los ganaderos para certificar que han aprendido «técnicas de aturdimiento y sacrificio» basándose en la nueva normativa de bienestar animal aprobada hace ahora un año por el Gobierno del socialista Ximo Puig.
Los exámenes se realizarán en Alicante, Castellón y Valencia a lo largo de 2023 y el tribunal dilucidará si los aspirantes han aprendido a sacrificar animales «con el debido respeto». La primera convocatoria se celebrará el próximo 22 de febrero y tendrá una duración aproximada de hora y media.
Únicamente se podrán presentar los ganaderos que «hayan cursado y superado con éxito las evaluaciones correspondientes de los cursos de formación de bienestar animal para personal de matadero y de transporte de animales vivos» previstos en la normativa aprobada en diciembre de 2021. Sin embargo, a la larga, el examen será obligatorio para todos los ganaderos, debido a que el curso exigido ya es un requisito indispensable en Valencia para ejercer esta profesión.
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Además, deberán aportar «la certificación favorable de las prácticas tutorizadas en el puesto de trabajo del matadero«, según consta en la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Este ejercicio 2022 ha sido el primero en el que se han realizado los cursos aprobados por decreto el año pasado. Han sido sesiones de 20 horas dirigidas a personal que trabaja con animales. Al menos el 20% de la duración del curso ha sido presencial y de obligada asistencia y también se ha podido realizar a distancia.
En concreto, la formación de «bienestar animal» para personal de mataderos ha incluido la enseñanza en «técnicas de aturdimiento y sacrificio», así como «todas las operaciones conexas a ella».
La validez de la acreditación personal de la competencia en materia de bienestar animal será de 10 años desde su emisión, siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su obtención.
El decreto estableció que cuando se detecte que el ganadero acreditado ya «no da muestras de un nivel suficiente de competencia de sus tareas», o se constate que su actividad está causando lesiones o daños evitables a los animales, se «podrá proceder a la suspensión o a la retirada del certificado de competencia, previa tramitación de procedimiento administrativo con audiencia de la persona interesada».
La aprobación de este decreto en diciembre de 2021 generó malestar en diversas organizaciones agrarias de la Comunidad Valenciana. Los colectivos de profesionales lamentaron el «exceso normativo» y subrayaron que se trata de un sector «profesionalizado» que «hace mucho tiempo que emplea las técnicas de aturdimiento». «Se dan unas descargas eléctricas y el animal ya no sufre», añadieron desde las asociaciones agrarias.
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, el sector ganadero suma en la provincia de Castellón 850.000 cabezas, en su mayoría de porcino, 600.000 en la de Valencia y casi 200.000 en la de Alicante, según los últimos datos publicados por los colectivos agrarios.
«Evitar sufrimientos»
Los exámenes estarán supervisados por la Consejería de Agricultura, gestionada por Compromís, y la normativa no incluye las matanzas de animales por particulares, es decir, las que se realizan de manera tradicional e individual o en fiestas populares que se celebran en municipios rurales.
El Gobierno valenciano justifica los exámenes basándose en que «el marco normativo, tanto europeo como nacional, incorpora la exigencia del cumplimiento de garantías relativas a las condiciones higiénicas, sanitarias y de bienestar animal en todas las fases de producción animal». Estas fases incluyen «desde las condiciones de manejo en instalaciones y explotaciones ganaderas, hasta el transporte, el sacrificio o la matanza».
Dicha exigencia «es fundamental para garantizar los cuidados necesarios y evitar sufrimientos innecesarios a los animales, en coherencia con la sensibilidad de la sociedad en este aspecto», según justifica la Consejería de Agricultura.
El Gobierno valenciano defiende que «el respeto y la defensa del bienestar de los animales, que no se limita únicamente a los animales de compañía, sino que se extiende también a los animales de producción, exige una adecuada formación por parte del personal en materia de bienestar animal«.
Así, los certificados de competencia acreditarán que «el personal que ha recibido la formación teórica y práctica en el puesto de trabajo, con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública, tiene la formación necesaria para llevar a cabo su trabajo con las garantías suficientes en materia de bienestar animal».
Por tanto, las pruebas teóricas que han de superar los ganaderos este 2023 «deben cumplir con los principios de igualdad, publicidad, objetividad e imparcialidad, bajo la supervisión del servicio competente, por lo que se convoca anualmente exámenes en materia de bienestar en la matanza, sacrificio y transporte para el alumnado de las entidades de formación homologadas».
La programación de los exámenes en Valencia ha coincidido con el debate abierto sobre la Ley de Bienestar Animal y la enmienda que el PSOE presentó para excluir a los perros de caza de la normativa.