En el artículo de hoy, compartimos el artículo sobre Unos 30 condenados, fugados y acusados por organizar el 1-O se beneficiaran de la rebaja de la pena por malversacin. Puede encontrar detalles sobre Unos 30 condenados, fugados y acusados por organizar el 1-O se beneficiaran de la rebaja de la pena por malversacin en nuestro artículo.
Adems de Puigdemont y Junqueras la medida afectara a 19 procesados por Instruccin 13 junto con ‘pesos pesados’ de ERC como Jov y Salvad
La derogacin de la sedicin del Cdigo Penal y la introduccin de la rebaja de penas en el delito de malversacin cuando no exista nimo de lucro o el dinero pblico se destine a otro destino diferente al previsto inicialmente beneficiar a los lderes independentistas condenados por organizar el 1-O, a los que estn acusados pero fugados y tambin a los que tienen procesos judiciales pendientes relacionados con el referndum soberanista de 2017. Entre todos suman unas 30 personas que podran ver reducida desde la inhabilitacin por la malversacin a la que fueron condenados, como Oriol Junqueras, Ral Romeva, Jordi Turull o Dolors Bassa hasta los 21 cargos y ex cargos del Govern, tcnicos y empresarios que tienen pendientes fecha de juicio.
Pese a que el Congreso tiene la ltima palabra en la reforma del Cdigo Penal y luego su redactado quedar a interpretacin de jueces y fiscales, como record el fiscal general del Estado lvaro Garca Ortiz en su visita a Barcelona, los cambios introducidos por PSOE, Unidas Podemos y ERC rebajarn no slo la peticin pena de prisin para los procesados sino tambin la inhabilitacin a la que fueron condenados los principales lderes independentistas por el 1-O.
Es el caso de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa que fueron condenados por sedicin y malversacin. Pese a que el indulto acab con la pena de prisin todava est en vigor la inhabilitacin para ocupar cargo pblico. La desaparicin de la sedicin har que bajen en unos 10 aos las penas de inhabilitacin slo para los lderes independentistas condenados por este delito mientras que para los cuatro que les atribuyen tambin malversacin, como delito instrumental para conseguir la sedicin, la rebaja no sera tan pronunciada.
De esta forma, los tribunales deberan examinar si existe o no el lucro personal en la malversacin de estos lderes independentistas condenados para establecer pensas de inhabilitacin de 1 a 4 aos. Habr que ver la jurisprudencia para determinar lo que se entiende por los «usos privados» por parte de los jueces para aplicar estos cambios legislativos en cada caso concreto. Lo que parece claro es que Junqueras podra volver mucho antes a ocupar un cargo pblico, o aspirar a uno, que no hasta julio de 2031, que es cuando finaliza la pena impuesta por el Tribunal Supremo.
Penas menores a Puigdemont
La reforma del Cdigo Penal provocar que el ex presidente cataln Carles Puigdemont y el resto de fugados en Blgica, Toni Comn y Lluis Puig, acusados de malversacin y rebelin tambin tengan la opcin de regresar sin un excesivo reproche penal. Los tribunales podran intentar aplicarles el nuevo delito de desrdenes agravados, igual que a la ex consellera Clara Ponsat y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira acusadas slo por rebelin, aunque las defensas de los ex cargos independentistas podran argumentar que ese delito no exista en 2017, lo que generara una nueva controversia jurdica.
La situacin podra parar las rdenes europeas de detencin y entrega de estos acusados si bien la acusacin de malversacin, un delito que est en otros cdios penales de pases europeos, facilitara la extradicin. El Tribunal de Justicia de la Unin Europea debe decidir sobre la peticin de cuestiones prejudiciales del Tribunal Supremo para que las extradiciones sean automticas y no ha criterio de la jurisdiccin de cada pas, como pas con Puigdemont tras sus detenciones en Alemania e Italia.
Ms all de esta situacin de busca y captura para la entrega, el Supremo debe decidir si cambia los delitos contra los fugados, rebelin se mantiene pese a la reforma, y si mantiene la acusacin de malversacin contra tres de los lderes independentistas que permanecen en Blgica. En caso de responder ante la justicia espaola se les podra aplicar la legislacin ms beneficiosa para el procesado por lo que se les pedira menos penas de prisin e inhabilitacin que a los otros independentistas condenados por sedicin.
La primera acusacin
Pese a que la tramitacin en el Congreso de la reforma del Cdigo Penal tardar unos meses, a principios del prximo ao se podra conocer la primera peticin de pena por malversacin, entre otros delitos, de la Fiscala a ex cargos de la Generalitat acusados de organizar el 1-O. Se trata del diputado de ERC Josep Maria Jov, y del presidente del Puerto de Barcelona Llus Salvad, que eran altos cargos del Departamento de Economa cuando lo diriga Oriol Junqueras en 2017 y que estn procesados por el Tribunal Superior de Justcia de Catalunya por desobediencia, malversacin y revelacin de secretos.
La Fiscala podra pedir una pena alta por malversacin, de 6 a 8 aos de crcel, si la considera agravada por la cantidad y el cargo que ocupaban los acusados, y en el juicio oral podra rebajarla en caso de que est en vigor la reforma y estime que los procesados no tuvieron lucro personal cuando presuntamente desviaron dinero pblico para organizar unas votaciones suspendidas por el Tribunal Constitucional. La pena de inhabilitacin para cargo pblico tambin podra cambiar. En esta causa tambin est acusada la actual consellera de Cultura Natalia Garriga quien se enfrenta a una desobediencia.
Los creadores del 1-O
Si la Fiscala considera que Jov y Salvad presuntamente fueron los arquitectos del 1-O el Juzgado de Instruccin 13 de Barcelona proces a 28 personas por considerar que se encargaron de la organizacin prctica del referndum. De estos 28 procesados hay 19 por malversacin entre ellos algunos actuales cargos del Govern como Teresa Prohias, directora de servicios, Aleix Villatoro, director Consell Catal de l’Esport, o Francesc Sutrias, secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, junto con ex responsables autonmicos como Ignasi Genovs, hasta hace poco director general de Atencin Ciudadana; Antoni Molons, ex secretario de Comunicacin del Govern, el ex secretario de Difusin del Departamento de Presidencia Joaquim Nin; el ex director de Comunicacin del Govern, Jaume Clotet, el ex secretario general de Trabajo Josep Ginesta, o los ex responsables del Diplocat Amadeu Altafaj y Albert Royo.
Tambin hay procesados tcnicos responsables de Tecnologas de la informacin y las comunicaciones de varios departamentos de la Generalitat as como el ex director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informaci Josu Sallent o la ex interventora de la Generalitat Rosa Vidal. Junto a ellos hay imputados por malversacin ex responsables de tres empresas que participaron ofreciendo servicios para la organizacin del 1-O como fueron Unipost, con su ex director general Pablo Raventos, la que era directora de servicio de T-Systems, Rosa Maria Rodrguez, o el administrador de «El Vallenc», Francesc Fbregas.
Esta causa judicial est a la espera de varios recursos en la Audiencia de Barcelona para finalizar su tramitacin y ser entonces cuando se de traslado a Fiscala y el resto de acusaciones para pedir pena de prisin. Si la reforma del Cdigo Penal por malversacin ya est en vigor, se podra pedir menos peticin de crcel si el Ministerio Pblico considera que no existi un lucro personal en el desvo de estos fondos pblicos.
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