Son muy pocas las voces dentro del PSOE que se atreven a oponerse a los deseos de Pedro Sánchez. Se pueden contar además con los dedos de una mano las críticas internas a normas y decisiones como las de la ley del ‘sí es sí’, la ley trans, los indultos a los líderes del procés, la supresión del delito de sedición o la adulteración del de malversación, que el Gobierno pretende reformar al gusto de los corruptos de ERC.
Emiliano García-Page rompió esa atonía ayer martes con unas declaraciones muy contundentes, y desde luego inéditas en el seno del PSOE, contra las cesiones de un Sánchez entregado a una ERC insaciable y que parece haberle tomado la medida a un presidente del Gobierno esclavo de su propia debilidad parlamentaria.
«No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena», dijo el presidente socialista de Castilla-La Mancha. «Soy muy contrario a la decisión del Gobierno. Es un momento grave para la política española. Que nadie piense que la gente es tonta y se olvidará».
De las palabras de Page se desprende que todavía existe dentro del PSOE un sector socialdemócrata, es decir, de izquierdas, pero leal al pacto de la Transición. Un sector dispuesto a la rebeldía contra un Sánchez para el que parecen no existir las líneas rojas que sí existieron para todos sus antecesores en la Moncloa, ya fueran del PSOE o del PP.
La reacción de Page se suma a las críticas de Alfonso Guerra y Felipe González, pero sobre todo al manifiesto divulgado por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición. Manifiesto firmado, entre otros, por exministros del PSOE como Virgilio Zapatero o César Antonio Molina.
Pero, al mismo tiempo, cabe la duda de hasta dónde alcanza la irritación entre los socialistas. Es decir, hasta qué punto el Gobierno es una cosa y el PSOE, otra.
Es obvio que Page actúa por una mezcla de convicciones democráticas y de respeto al Estado de derecho y la soberanía nacional, pero también por interés electoral. Castilla-La Mancha es una comunidad sociológicamente conservadora en la que no pasará desapercibida en las elecciones de mayo la deriva iliberal de un presidente que llegó al Gobierno prometiendo hacer lo contrario de lo que ha hecho una vez en la Moncloa.
Que ERC le tiene tomada la medida al presidente del Gobierno lo demuestra el hecho de que, tras el indulto a los sediciosos que en 2017 se alzaron contra la democracia, la liquidación del delito de sedición y la rebaja del de malversación, en la práctica una amnistía encubierta, los republicanos exigen ahora un referéndum de independencia para el que han establecido incluso un ‘porcentaje de la victoria’: el 55% de los votos sobre el 50% del censo electoral. Es decir, uno de cada cuatro catalanes.
El Gobierno afirmó ayer martes que ese referéndum de independencia no cabe en la Constitución y que no está en sus planes facilitarlo o pactarlo con ERC.
Los problemas para el PSOE son dos.
El primero, que la liquidación de las herramientas que el Código Penal ponía en manos del Gobierno para frenar una declaración de independencia unilateral han dejado la unidad de España al albur de la simple voluntad de los sediciosos.
La segunda, que tras prometer una y otra vez que el Gobierno no haría aquello que luego ha acabado haciendo, la credibilidad del presidente es hoy inexistente. De hecho, a lo largo de los cuatro últimos años ha sido más fácil predecir cómo actuaría el Gobierno atendiendo a lo que el presidente ha dicho que no haría que a lo que ha dicho que haría.
Si las palabras de Page son una gota en el desierto o la primera ola del tsunami que acabará con el liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE está todavía por ver.
Porque el PSOE de 2016 contaba con los anticuerpos necesarios para expulsar a Pedro Sánchez de un partido al que este había conducido a una situación límite, pero es harto dudoso que esos anticuerpos sigan existiendo hoy en una formación más leal al sanchismo que a la Constitución.