La lacra de las bandas latinas en la Comunidad de Madrid, el gran reto de la seguridad en 2023

El 5 de febrero, de manera casi simultánea, en Madrid se produjeron dos asesinatos. En Atocha, un joven de 15 años recibió una puñalada en el corazón. Pertenecía a una banda juvenil violenta o BJV, que es como denomina la Policía a estas organizaciones, las cuales han aumentado su violencia durante 2022. A unos kilómetros, en el barrio de Usera, otro joven, de 25 años, recibió una puñalada en la zona lumbar y los servicios de emergencia, aunque intentaron reanimarlo, tan sólo pudieron certificar su fallecimiento. 

A finales de febrero ya eran tres los hombres muertos en 2022 en la capital a causa de peleas entre bandas. Con este escenario sobre la mesa, la Delegación de Gobierno puso en marcha un dispositivo especial anti bandas juveniles violentas, que tenía como principales misiones el despliegue de un mayor número de efectivos de los FCSE, más de 500 agentes de la Policía Nacional y alrededor de 800 oficiales de la Guardia Civil.

El aumento de la vigilancia y control de estaciones de Metro y Cercanías, así como la intensificación de la presencia en centros educativos, parques o en discotecas, en zonas, al fin y al cabo, donde se puedan desarrollar actividades de captación de jóvenes o acciones delictivas. La presencia policial se ha intensificado, de forma especial, en 11 distritos de la ciudad de Madrid y en el municipio de Parla. El plan anti bandas juveniles también contempla el uso de material antidisturbios y detectores de metales para proteger a los agentes.

La iniciativa ha empezado a dar sus primeros frutos. Hasta noviembre se incautaron casi 700 armas, se identificaron a alrededor de 110.000 personas y se ha procedido a la detención de más de 1400 sospechosos. Con estas cifras, Pablo López, portavoz del sindicato JUPOL, asegura a EL ESPAÑOL que “sin lugar a dudas, el número de miembros de estas bandas violentas está aumentando”.

Afirmación que avalan los datos del último mes. En los pasados 25 días, desde finales de noviembre, se han incautado 1.200 armas blancas y un arma de fuego, se han detenido a 195 pandilleros y se ha procedido a la identificación de más de 52.000 personas, según JUPOL. López defiende que el número de identificados es tan abultado por la intensificación del dispositivo. «Los agentes identifican a toda persona que pueda responder al perfil habitual de los integrantes de estas organizaciones», sostiene.

A pesar del aumento de miembros, el perfil sigue siendo el habitual, no se han registrado grandes cambios. La Asociación de Ayuda Cristiana, que trabaja asistiendo a estos jóvenes a salir de este tipo de grupos, advierte en el III Observatorio de Bandas Latinas que la edad de adhesión está descendiendo de los 12-14 años a los 11. Todos los jóvenes coinciden en tener una situación complicada en casa, pertenecen a núcleos familiares desestructurados y en los que los progenitores carecen de tiempo para participar del ocio de sus hijos. 

La gran mayoría de los jóvenes que componen este tipo de organizaciones son españoles, aunque principalmente tienen raíces latinoaméricanas. No obstante, en los últimos meses se ha detectado la inclusión de adolescentes de origen marroquí. López, insiste en que “en ningún caso se les persigue por una razón xenófoba, sino por las actividades delictivas que practican, se persiguen los robos con delitos, el tráfico de estupefacientes…”

Las BJV se extienden por todo Madrid

Las BJV plantean como meta controlar un determinado territorio, de esta forma, evitan que otras bandas lleven a cabo sus actividades delictivas en la zona que dominan, por lo que ‘el beneficio’ de los robos con violencia o el tráfico de drogas acaba, en su totalidad, en las arcas de la organización.

Una de las claves reside en este punto, pretenden controlar territorio, hecho que se suma a la lista de razones por las que pelearse. Las guerras entre bandas, al final, tienen como resultado heridos graves e incluso fallecidos. Estas peleas pueden acontecer en formatos diferentes; pueden, simplemente, quedar para pegarse, puede que una banda vaya al territorio de otra y luchen por el control de la zona o que surjan guerras casuales, tal y como ocurrió con la bronca que acabó con la vida de Jaime, un miembro de los trinitarios, que a la salida de una discoteca light se cruzó con 8 Dominican Don’t Play (DDP) y lo agredieron hasta matarlo.

Aunque la Policía Nacional, según reconoce el propio portavoz de JUPOL a EL ESPAÑOL, “no tiene mapeada las zonas de cada una de las bandas porque en muchos casos conviven”. No obstante, es posible descifrar las zonas en las que las principales bandas juveniles violentas de Madrid están presentes.

Los Trinitarios están repartidos en las zonas como Fuencarral, Usera, Vallecas o Tetuán. En este último punto, el Centro de Ayuda Cristiano sostiene que llegan a registrar hasta 600 miembros. Es una de las dos bandas predominantes en Madrid –la otra banda son los DDP–, sus miembros tienen ascendencia dominicana y se caracterizan por vestir de verde. Les gustan las zapatillas de la marca Nike y llevan pañuelos grandes para cubrirse la cara, aunque “con el aumento de la presencia policial, intentan evitar seguir las líneas de vestimenta en su vida cotidiana y se identifican con elementos menos visibles como pulseras. A pesar de todo, cuando el grupo queda, los miembros respetan las ‘reglas’ de vestimenta”, sostiene López.

Los Trinitarios tienen normas férreas de disciplina y están organizados por medio de roles como el ‘Ángel’, cuyo trabajo es asistir a los miembros de la cúspide de la organización y captar a nuevos jóvenes, o el rol de ‘Guerrero’, que centra su trabajo en trabajar en la estrategia de ataque a otras bandas.

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Por su parte, los Dominican Don’t Play se caracterizan por llevar collares de cuentas, en función de los colores o la longitud, desempeñan una u otra función y aunque la mayoría son dominicanos, en los últimos meses han permitido la entrada de colombianos y ecuatorianos. Los DDP están presentes en Lavapiés, Carabanchel o Campamento. Para el Centro de Ayuda Cristiano, los DDP se consideran una de las más peligrosas por su crecimiento exponencial en los últimos meses, cuestión que para Pablo López es decisiva: “Cuantos más miembros tenga el grupo, su peligrosidad aumenta, pueden extenderse por más territorio, pueden perpetrar más asaltos y pasar más droga, por lo que su capacidad de acción aumenta”.

La gran mayoría de los nuevos miembros son desertores de los Ñetas, una banda minoritaria que centra su poder esencialmente en el Puente de Vallecas. Aunque el abandono de una BJV es muy complicado, el hecho de intentar ‘desertar’ supone entrar en la lista de objetivos de la banda.«Un chico intentó dejar la banda y le echaron aceite hirviendo por encima. Cuando llegamos al hospital no quería decir nada. Tenía miedo. Al final habló y detuvimos a los responsables, que habían huido de Madrid” relata el policía Pablo López a EL ESPAÑOL.

Además de los robos con violencia y el menudeo con sustancias estupefacientes, los miembros de la organización deben aportar a la semana determinadas cantidades de dinero para financiar a la organización. Estas varían en función de la edad y el rango. Entre los 11 y los 13 años, aportan 5 euros semanales; aquellos que tienen entre 14 y 18 años deben pagar unos 20 euros semanales; finalmente, los mayores de 19 transfieren a la banda alrededor de 50 euros a la semana. Aquellos miembros con mayor rango suelen ingresar entre los 200 y los 500 euros en el mismo periodo.

Incremento de la violencia

El Cuerpo Nacional de Policía, meses antes de la aprobación del dispositivo especial, ya advirtió a la Delegación del Gobierno de un aumento paulatino de la violencia entre bandas, meses antes de la activación del plan, que tuvo su primera víctima mortal el día 5 de enero. Fue entonces cuando cinco DDP tirotearon a un joven de un grupo contrario en Usera. El uso de las armas de fuego es, para López, “un salto cualitativo” que se une al uso indiscriminado de armas blancas de gran tamaño.

Un machete de 60 centímetros es lo que portaba el joven de 15 años que murió en Atocha a principios de año. Armas de grandes dimensiones “que podemos comprar, sin ningún problema, en cualquier tienda de bricolaje”, asegura el portavoz de JUPOL. Desde hace varios meses, el Cuerpo Nacional de Policía lleva pidiendo una mayor regulación. “Igual que cuando alguien se compra un arma, tienes que sacarse una licencia y ese se inscribe en un registro, nosotros pedimos que exista algún tipo de control sobre este tipo de artículos”, exige López.

El experto reconoce que lo complicado de toda esta problemática “es probar que los miembros de las bandas violentas pertenecen a esas organizaciones. Para recabar las pruebas necesarias, el juez nos pide pruebas, y al final es la pescadilla que se muerde la cola”. Por eso piden que se permita a los jueces una mayor capacidad de acción.

Y es que demostrar su pertenencia a estas organizaciones es vital para acabar con las BJV, ya que las penas, en caso de no demostrar su pertenencia acaban siendo irrisorias. En el caso de las peleas entre grupos, las penas van desde los 3 meses, hasta el año de prisión. El delito de lesiones puede llegar hasta los 5 años de ser agravado.

Sin embargo, si se demuestra que pertenecen a un grupo de estas características, ya sólo por pertenecer, se les puede sentenciar a penas de entre los 2 y 5 años y en el caso de los directivos de 4 a 8 años de prisión. “Lo que está claro es que se podría acabar con ellos, de contar con los medios materiales y humanos necesarios”, argumenta López, que desde JUPOL llevan tiempo defendiendo la instauración de “medidas transversales”.

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Para 2023

Desde organizaciones como JUPOL, ya antes de la aprobación de operativo especial solicitaban a los responsables políticos medidas transversales para intentar atajar esta profunda problemática desde diferentes esferas, como la acción y la prevención. Desde el plano operativo, proponen crear un grupo especial dentro de la Brigada de Información de la Policía Nacional.

Esta propuesta está destinada a luchar contra las bandas y sus miembros una vez formadas y organizadas. Sin embargo, López, reconoce que se debe prevenir. «Los centros educativos son uno de los focos principales de captación. Muchos de nuestros compañeros acuden a los institutos para explicar, tanto a alumnos como a profesores, las consecuencias de integrarse en una banda de estas características».

Los profesores deben estar alerta, sin embargo, ya que los primeros pasos hacia la entrada a las bandas violentas se deben detectar en el entorno familiar. El portavoz de JUPOL advierte a los padres de que “deben estar pendientes de cuestiones como un cambio en la vestimenta de sus hijos o un cambio en los gustos musicales, por ejemplo”.

Las últimas víctimas de las bandas latinas han sido un hombre que se encuentra en estado grave tras ser tiroteado en el pecho en el barrio de San Cristóbal y un chico de 15 años, William, asesinado en la puerta de su casa en Villaverde. Aunque su madre asegura que era un chico responsable y estudioso. Su abuelo, por su parte, descarta por completo que pudiera pertenecer a una de estas bandas. Pablo López, no obstante, asegura que “en muchas ocasiones es muy difícil aceptar que tu hijo, tu primo o tu hermano pertenece a una banda de estas características”.

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