1671127515 La Generalitat condenada a pagar 300 millones por intentar anular

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El Govern pierde un largo litigio con Acciona por arrebatarle la concesin de Aiges Ter Llobregat sin indemnizacin adecuada

El presidente de la Generalitat, Pere AragonsEnric FontcubertaEFE

El Tribunal Superior de Justicia de Catalua (TSJC) ha resuelto un viejo litigio sobre la que fue la mayor privatizacin de Catalua con la condena a la Generalitat al pago de ms de 300 millones. Se trata de la indemnizacin que deber abonar por la anulacin de la concesin a Acciona de Agues Ter Llobregat (ATLL), la mayor empresa de distribucin de agua de Catalua y que el entonces Govern de Quim Torra anul en 2018 sin pagar una cantidad justa, segn la sentencia.

El TSJC anula la resolucin de la Generalitat de liquidacin del contrato de gestin del servicio de abastecimiento de agua y «reconoce el derecho de ATLL a obtener en concepto de canon no amortizado, la suma de 262.813.610 euros; en concepto de inversiones realizadas no amortizadas, la suma de 38.228.293,14.-euros; y, en concepto de costes de licitacin y constitucin, la suma de 3.375.345 euros, cantidades que devengarn los intereses que procedan». El ejecutor de esta anulacin irregular fue el entonces conseller de Territori, Dami Calvet, en el Gobierno de Torra. Aragons era entonces vicepresidente econmico y ahora ser su Administracin la que deber proceder al pago. El adjudicatario de la concesin y el que sufri el atropello fue Acciona pero, a la vista de la tardanza judicial, procedi a la venta del litigio al fondo anglosajn Fortress, que ahora repartir la indemnizacin con la empresa espaola.

La concesin a Acciona fue decidida por el Govern de Artur Mas en 2012 por impulso de su entonces conseller de Hacienda, Andreu Mas-Colell. La empresa rival, el grupo Agbar, logr la impugnacin por diversas irregularidades en el proceso de adjudicacin que terminaron desembocando en la anulacin.

En 2018, en vez de proceder a relanzar la privatizacin sin defecto formal para que Acciona siguiera explotando la concesin hasta 2062, como estaba previsto, decidi arrebatrsela definitivamente para crear un ente pblico del agua como «estructura de Estado para la Repblica», segn defini entonces Calvet. Las arcas catalanas debern ahora responder de todo ese conjunto de decisiones, segn la sentencia.

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