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José Antonio Griñán. /
La especialista considera «poco compatibles» con la «dinámica carcelaria» los posibles efectos secundarios del tratamiento hormonal y de radioterapia que ya está recibiendo el expresidente andaluz
La perspectiva de José Antonio Griñán ingrese en prisión para cumplir su condena por el ‘caso de los ERE’ se aleja. Y mucho. El Instituto de Medicina Legal de Sevilla (IML) no ve «conveniente» su entrada en prisión por considerar que en un centro penitenciario no podría recibir un tratamiento adecuado al cáncer de próstata cuyo diagnóstico le fue confirmado a mediados de pasado diciembre.
«Tras la entrevista personal y a la luz de la información clínica aportada, se puede concluir, la no conveniencia de ingreso en centro penitenciario hasta tanto se confirme la remisión de su patología oncológica por los servicios de urología y de oncología radioterápica», concluye la forense Mari Ángeles Dichas, que el martes de la pasada semana examinó al condenado en la sede de los juzgados de Sevilla.
Además, la médico explica que ve «poco compatibles» con la «dinámica carcelaria» los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia que ya está recibiendo el expresidente andaluz y que harán necesarias «frecuentes revisiones». Y ello, reconoce la médico, a pesar de que la sanidad penitenciaria «puede hacer frente a cualquier demanda médica».
En esencia, la forense da la razón a la defensa del exmandatario andaluz, que el pasado 23 de diciembre reclamó a la Audiencia Provincial que suspendiera la orden de ingreso en prisión que este mismo tribunal había dictado 24 horas antes contra Griñán, alegando que su cliente condenado a seis años de cárcel por malversación, no podía ser tratado adecuadamente de su dolencia en prisión, ya que es cáncer de próstata de «alto riesgo» que necesita de «tratamiento combinado y urgente».
Este mismo lunes, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla trasladó a la Fiscalía Anticorrupción y al PP el contenido de ese informe forense sobre la enfermedad grave sobrevenida esgrimida por el expresidente socialista. A ambas acusaciones dio un plazo de tres días para que se pronuncien sobre las conclusiones médicas.
En círculos judiciales, se da por seguro que el tribunal, con independencia de la opinión de la Fiscalía y del PP, no va desoír el consejo de la técnico del IML y que va a posponer ‘sine die’ la entrada en prisión del Griñán hasta que este llegue a sanarse por completo del cáncer de próstata.
La más que probable decisión del Audiencia Provincial de Sevilla de dejar en suspenso en ingreso en la cárcel, de paso, libra al Gobierno de tener que decidir contrarreloj sobre la petición de indulto que había presentado ya el expresidente para eludir su ingreso en prisión o reducir, llegado el caso, su estancia en la cárcel al mínimo.
Seis en prisión
El pasado 22de diciembre, solo un día antes de que Griñán hiciera público su dolencia oncológica, el tribunal había dado al expresidente y a seis exaltos cargos del Gobierno autonómico un plazo de diez de días para entrar en la cárcel, que expiró el lunes de la pasada semana. Los otros seis exaltos cargos que habían sido requeridos para entrar en prisión lo han hecho en los últimos días. Se trata del exconsejero de Empleo y Desarrollo José Antonio Viera; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el director general de la empresa que concedía el dinero público Miguel Ángel Serrano; el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández; y la exconsejera Carmen Martínez Aguayo.
Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo, el octavo de los condenados que debía entrar en prisión, como en el caso de Griñán tampoco ha ingresado en ningún centro penitenciario a la espera de que el tribunal decida si tramita la suspensión de la ejecución de pena que solicitó su defensa por «enfermedad muy grave con padecimientos incurables».
Varias fórmulas
Según fuentes judiciales, la Audiencia Provincial tendría varias fórmulas, si así lo considerara conveniente a la vista del informe forense, de evitar que Griñán entrara en prisión por motivos de salud y así, de paso, librar al Gobierno de la patata caliente de estudiar si le concede el indulto que le ha solicitado.
La primera sería la aplicación del artículo 80.4 del Código Penal que faculta a los «jueces y tribunales» a «otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo».
También cabría la posibilidad de que la Audiencia sevillana recurriera al artículo 91.3 del mismo texto que permite la concesión de la libertad condicional si el «peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente» y así lo acreditara el forense y los servicios médicos de la cárcel.
En cualquier caso, y si el expresidente llegara a entrar en prisión, en diciembre de 2018, ya Instituciones Penitenciarias en una circular suavizó las condiciones para decidir qué expedientes de presos con enfermedades «muy graves» deben remitirse a los jueces para que estudien su excarcelación. En 2017, el Gobierno del PP determinó que se debían tener solo en cuenta criterios temporales. Sin embargo, la administración penitenciaria socialista recién llegada por entonces ordenó que se valorara también la calidad de vida que el reo pudiera tener en prisión. Aquella nueva directiva que ahora podría favorecer a Griñán, sin embargo, se hizo tras las quejas por la negativa de una juez de dejar en libertad al expresidente valenciano Eduardo Zaplana aquejado de una leucemia.