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Les imputa cargas desproporcionadas en 25 escuelas de Barcelona que acogieron urnas del referndum unilateral de 2017
El juez que investiga las cargas de la Polica Nacional para impedir el referndum del 1-O en Barcelona ha procesado a 45 agentes del cuerpo ante los indicios de que su actuacin podra constituir delitos de torturas, contra la integridad moral o lesiones.
En un auto, el titular del juzgado de instruccin nmero 7 de Barcelona da un plazo de 40 das a las acusaciones y defensas para que presenten sus escritos de calificacin o soliciten el archivo de la causa abierta a los agentes, a los que imputa cargas desproporcionadas en 25 escuelas de Barcelona que acogieron urnas del referndum unilateral.
Para el juez instructor, de la investigacin llevada a cabo, que se ha prolongado ms de cinco aos, se desprende que los policas imputados pudieron incurrir no solo en «delitos leves o menos graves de lesiones», sino tambin en los previstos en los artculos 174 y 175 del Cdigo Penal: torturas y contra la integridad moral.
El auto recuerda que los policas nacionales fueron destinados a Barcelona para cumplir con la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalua (TSJC) que les obligaba a impedir el referndum suspendido por el Constitucional, «sin afectar a la normal convivencia ciudadana».
En ese sentido, seala el juez que la actuacin de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado est regulada por la ley orgnica 2/1986, que obliga a los agentes a impedir cualquier «prctica abusiva» o que entrae «violencia fsica o moral» contra los ciudadanos, as como «observar un trato correcto y esmerado» con ellos y actuar con «congruencia, oportunidad y proporcionalidad».
Por ese motivo, el juez concluye que, ante una congregacin de personas, la actuacin policial no deber basarse «inicial y nicamente en el uso de material antidisturbios ni en el uso de la defensa», sino que debe utilizarse «en primer lugar la negociacin y la intimacin» antes de recurrir a la fuerza.
«En todo caso la actuacin individual de cada agente deber ser proporcional y deber impedir cualquier prctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrae violencia fsica o moral», aade el magistrado.
Deber de proporcionalidad
Ese deber de proporcionalidad lo echa en falta el juez en la actuacin de la Polica Nacional en 25 de los colegios de Barcelona donde intervino el cuerpo para impedir el 1-O, mientras archiva la causa abierta a los agentes que entraron en las escuelas Toms Moro y el CEIP Diputacin, al no haberse registrado incidentes.
En su auto, el juez analiza la conducta de los policas, colegio a colegio, y seala los excesos que ha observado, en la mayora de casos gracias a los vdeos de las cargas del 1-O que constan en las actuaciones.
Es el caso de la escuela Prosperitat de Barcelona, donde el juez reprocha a los agentes que, sin negociacin o advertencia alguna, procedieran «a los pocos segundos» al uso de la fuerza, «que en algunos casos resulta claramente innecesaria, teniendo en cuenta la presencia de personas de diversa ndole entre la multitud, sin ninguna actitud agresiva y con personas de avanzada edad».
«Especialmente violenta y desproporcionada» le parece al juez la actuacin de los agentes que actuaron en las Escoles Pies de Sant Antoni: «Puede verse a agentes dando puetazos, patadas, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo e incluso golpeando con porras a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio ni tiene una actitud agresiva hacia los funcionarios», seala.
El juez destaca que el grupo encargado de la actuacin policial en este colegio es el mismo que en los centros Mediterrnia y Pau Claris, «en los que es de destacar la especial desproporcionalidad de la actuacin y la agresividad de los agentes», por lo que cree que se pueden imputar las lesiones al responsable de la unidad, dado el proceder «generalizado y violento» de sus efectivos.
Archiva una denuncia de Ponsat
Por el contrario, el juez archiva la investigacin por la intervencin policial en el Departamento de Enseanza, donde la ex consellera Clara Ponsat present una denuncia que afirmaba que haba sido empujada por los agentes, al no apreciarse desproporcin, dado que los policas se limitaron al «agarre fsico y arrastrar personas fuera del permetro policial».
Asimismo, el juez descarta imputar a los agentes por los daos materiales causados en las escuelas, puesto que fueron provocados por los policas cuando intentaban «franquear una puerta cerrada o algn elemento que impide el paso» y, por ese motivo, expulsa a la Generalitat como acusacin particular en calidad de titular de los centros educativos afectados.
Adems del Ayuntamiento de Barcelona, al que la Audiencia de Barcelona dej fuera de la causa, el juez expulsa a la acusacin particular que ejerca el Sindicato Profesional de Polica (SPP), porque no se ha imputado a ningn votante del 1-O por atentado o desobediencia a la autoridad.
Otro caso es el del activista y ex candidato de Junts al Senado Roger Espaol, que perdi un ojo por el disparo de una pelota de goma y est procesado, en una causa aparte, por un delito de atentado a la autoridad al haber lanzado una valla contra la lnea policial cuando los agentes se replegaban.
Tambin estn procesados en esa pieza separada, por delitos de lesiones, dos mandos policiales y un escopetero acusados de reventar el ojo a Roger Espaol por el impacto de una bala de goma.
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