El exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera ha sido el tercer condenado por el caso ERE que ha entrado en la cárcel. En concreto, ha ingresado este lunes, mismo día en el que se cumple el plazo para ello.
En su caso, el que fuera secretario general del PSOE de Sevilla ha sido condenado a siete años y un día de prisión por el delito de malversación, según informa Europa Press.
Este pasado domingo hacía lo propio el exconsejero de Empleo Antonio Fernández para cumplir su pena de siete años, once meses y un día de prisión por este mismo caso.
Por el momento, tras el ingreso el pasado jueves de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, tres de los siete exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados a cárcel están pendientes de su encarcelamiento inmediato.
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Serían el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, condenado también a siete años y un día; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a la misma pena.
Griñán, a la espera del forense
El expresidente andaluz José Antonio Griñán no tendrá que ingresar para cumplir la condena de seis años de cárcel por el caso de los ERE hasta que la Audiencia de Sevilla reciba un informe médico del Instituto de Medicina Legal sobre el cáncer de próstata que padece.
Este giro de guion se produjo la semana pasada después de que su defensa presentara nueva documentación ante el tribunal alegando que padece un cáncer de próstata que no puede ser tratado en prisión.
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En concreto, su abogado ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena conforme al artículo 80.4 del Código Penal. El mismo dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.
Los otros dos penados a prisión que no entrarán de inmediato son el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, cuyo plazo fue aplazado hasta obtener un informe del médico forense al alegar su defensa hace semanas que también padece cáncer; y el ex director general de Trabajo Juan Márquez.
A este último el Supremo le rebajó la pena privativa de libertad a tres años y la Audiencia le da uno de plazo mientras se tramita su solicitud del indulto al Gobierno.