Varios centenares de personas se han manifestado este jueves en Madrid frente al Ministerio de Justicia para condenar este diciembre negro. Un total de 18 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este mes, el más mortífero en violencia machista en dos décadas.
Los manifestantes, convocados por la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, han portado carteles con los lemas «Fin de año nada que celebrar, 18 mujeres asesinadas» y «No más mujeres asesinadas». «¿Qué pasaría si fueran futbolistas? ¿O jueces? ¿O curas?», gritaba una manifestante a viva voz.
De forma ininterrumpida, los manifestantes -en su mayoría mujeres- han gritado lemas como «Basta ya de violencia patriarcal», «Vivas nos queremos. Ni una menos», «No son muertes, son asesinatos», «No son locos, son asesinos» y «No estamos todas, faltan las asesinadas».
Al término del acto, se han leído los nombres de las víctimas mortales. Tras recordar que la mitad de las mujeres asesinadas este mes habían denunciado a su agresor, la portavoz de la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid, Ana Useros, ha declarado que las denuncias tienen que tomarse más en serio y deben acompañarse de medidas concretas que protejan y faciliten la vida de las mujeres.
«Cuestionamos este mantra de ‘denuncia y todo irá bien’ porque, por mucho que sea anónima, es un acto de confrontación con el agresor que a la mujer le cuesta horrores y con la que, además, asume un riesgo enorme», ha asegurado Useros, quien ha añadido que, muchas veces, no basta con las órdenes de alejamiento, sino que estas mujeres necesitan una vivienda, empleo, garantías de seguridad y la posibilidad de poder quedarse en su entorno.
“La mitad de las mujeres asesinadas habían denunciado y, o bien los jueces habían decidido no tramitar sus denuncias, o bien habían decidido que no requerían protección. En el caso de las mujeres asesinadas que tenían orden de alejamiento pone en evidencia la necesidad de revisión de las medidas de protección”.
Ha pedido también compromiso y la implicación de toda la sociedad en su conjunto, para que estos asesinatos ocurran cada vez con menor frecuencia. Respecto a las instituciones, ha reclamado que destinen recursos materiales para la violencia de género y que se ejecuten los presupuestos que se han aprobado en esta materia.
En el mismo sentido, Rocío Lleo, miembro de la Comisión 8M, ha subrayado que no es solo una cuestión de invitar a las mujeres a presentar una denuncia sino que el Estado tiene la obligación de protegerlas.
Por otro lado, la Comisión ha criticado que los jueces o bien habían decidido no tramitar sus denuncias o bien habían decidido que no requerían protección y piden también una revisión de las medidas de protección a las víctimas.
Y pide que se deje de poner la responsabilidad en las mujeres, como lamentan que ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, «que se ha centrado en instar a las mujeres a denunciar».
Asimismo, la Comisión 8M incide en que las violencias machistas no son casos aislados, sino que se enmarcan en un sistema que oprime a las mujeres, y requieren por tanto medidas estructurales como respuesta. En este sentido, destacan la necesidad de una educación afectivo-sexual de calidad y de una transformación del sistema judicial, que continúa funcionando “de manera patriarcal”.