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Manifestantes bloquean una carretera a Lima para exigir elecciones anticipadas y la liberación del expresidente Pedro Castillo /
La nueva presidenta prohíbe a la Policía el uso de armas letales tras elevarse a siete los manifestantes fallecidos y a 130 los agentes heridos
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este martes que su Gobierno evaluará declarar el estado de emergencia «a nivel nacional» ante las protestas que sacuden el país desde el pasado miércoles. Las movilizaciones para exigir la celebración urgente de elecciones y la liberación del exmandatario Pedro Castillo tras su fallido autogolpe de Estado han dejado ya siete manifestantes muertos y 130 agentes heridos.
El estado de emergencia solo afecta actualmente a la región Apurimac, epicentro de las protestas, y donde se han registrado seis de las víctimas, entre las que destacan dos menores, de 15 y 16 años. El otro fallecimiento se produjo en Arequipa.
Ante el agravamiento de la violencia, la jefa de Estado ordenó a los agentes no usar «ni un arma letal» y exigió que se identifique a quienes las han utilizado. «He dado las indicaciones a la Policía de no usar ninguna arma letal, ni siquiera perdigones de goma. He dado las instrucciones necesarias al Ministerio del Interior para individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que han dañado a nuestras hermanas y hermanos. En cuanto se haga, estará cayendo el peso de la ley que corresponda», declaró.
El general de la Policía Nacional de Perú, Víctor Zanabria , ha justificado este martes que los actos de violencia dirigidos hacia los agentes «elevan los riesgos y posiblemente la muerte». «Nosotros tenemos en la titularidad del uso de la fuerza», señaló, si bien adelantó que comenzarán a utilizar balas de goma.
Castillo, que cumple siete días de prisión provisional, aseguró, por su parte, este martes que «jamás» renunciará a su cargo. Mientras, la Sala Penal Permanente del Tribunal Supremo de Perú rechazó el recurso de apelación presentado por el equipo legal del depuesto mandatario para anular su detención. El magistrado César San Martín dijo que el dirigente izquierdista afronta un delito penado con entre 5 y 10 años de cárcel, y que lo planteado por la Fiscalía es «suficiente» para ser procesado por tentativa del delito de rebelión o conspiración.
El pronunciamiento del Supremo tuvo lugar horas después de que Castillo, a través de su perfil de Twitter, calificara de «injusta y arbitraria» su detención y mostrara su agradecimiento a aquellos sectores de la población que durante los últimos días le han mostrado su apoyo.
Consciente del alcancae cada vez mayor de las protestas, Boluarte avanzó este martes que se reunirá con la Comisión de Constitución del Congreso para buscar «acortar los plazos» para la celebración de elecciones generales, después de que la víspera planteara que se adelanten a abril de 2024.
De igual modo, consideró que su antecesor en el cargo, Pedro Castillo, ha sido manipulado para tacharla de «usupardora». «Lo conozco, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y llorado, no creo que estas palabras que están saliendo en el Twitter sean de él. Lo están utilizando, lo siguen manipulando», dijo en una declaración a la prensa.